Entre los argumentos planteados por Lorenzo figuran que el titular de esa cartera ha violado la ley de Función Pública por el hecho de las instituciones se han convertido «en malas pagas», debido a que a casi un año de desvincular a cientos de personas no les han entregado sus prestaciones laborales.
Indicó que la Ley de Función Pública otorga un plazo de 60 días para pagar las prestaciones laborales.
Lorenzo reiteró que lo que buscaba era evitar que cientos de personas, afectadas por esa situación, fueran a protestar ante la Plaza de la Bandera.
La solicitud fue secundada por el vocero del bloque de senadores de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, quien consideró lamentable que en el país, pese a que se habla de mucha transparencia y de respecto a los derechos ciudadanos, se tenga que recurrir a acciones como esas para lograr que le sean pagadas las prestaciones laborales a cientos de empleados cancelados.
«En reiteradas ocasiones hemos planteado que si no hay dinero para pagar las prestaciones, pues que no cancelen porque la Constitución y las leyes establecen que una vez cancelados debe pagárseles su dinero», expresó.
Cuestionó que cómo es posible que en la «casa de la democracia» se niegue una petición para invitar a un funcionario para que de explicaciones sobre la problemática.
Al respecto, el senador perremeísta Alexis Victoria Yeb consideró que respetaba la decisión de los senadores de los partidos de oposición, pero desmintió que esas acusaciones sean ciertas porque asegura se les han pagado todas las prestaciones laborales a los desvinculados.
«Eso es poliquería barata de la oposición. Ellos les están pagando a mucha gente sus prestaciones. Pero por eso están reclamando las bases del partido que no han podido sacar a la gente del PLD. Entonces hay que una contradicción», argumentó.
Mientras que la senadora Faride Raful recordó que solicitar una interpretación es distinto al pleno constituirse en comisión especial para invitar a un funcionario a dar explicaciones. Dijo que ambas cosas tienen consecuencias diferentes, lo que debe ser analizado.
Recordó que la mayoría votó para que la propuesta de resolución presentada fuera remitida a una comisión para su estudio, lo que no significa que esa petición fuera rechazada.
«Nosotros estamos abiertos, pero no es show común para llamar la atención por politiquería cuando ellos nunca quisieron ni interpelaciones ni comisiones de investigaciones»,
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