Prisión preventiva para los principales imputados en los casos de corrupción

Desde el pasado año han estado en la palestra pública varios procesos judiciales en los que han sido señalados funcionarios de la actual y pasada gestión por corrupción, contra quienes el Ministerio Público ha solicitado medidas de coerción que van desde la prisión preventiva que supera el año y la declaración de caso complejo.

Estos elementos fueron solicitados por las autoridades durante el desarrollo de los casos recientes, como el denominado antipulpo, iniciado en 2020 tras varios allanamientos y apresamientos, a raíz de investigaciones a una red de corrupción que, presuntamente, encabezó un hermano del expresidente Danilo Medina.

El Ministerio Público apresó por el caso a los hermanos del exmandatario, Juan Alexis Medina y Carmen Magalys Medina, así como a Francisco Pagán, Lorenzo (Freddy) Hidalgo, Rafael Germosén Andújar, Fernando Rosa, Aquiles Christopher Sánchez, Domingo Santiago Muñoz, Julián Suriel Suazo, José Santana Carmona y Wacal Méndez Pineda.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional prisión preventiva contra el colectivo, de conformidad con el Código Penal Dominicano, así como la declaración del caso de complejo.

El ocho de diciembre del 2020, el magistrado José Alejandro Vargas, acogió la solicitud del Ministerio Público y declaró el caso como complejo, además de dictar prisión preventiva contra siete de los once implicados. A Juan Alexis Medina, Fernando Rosa, Francisco Pagán, Aquiles Christopher, Wacal Méndez Pineda, José Santana Carmona y Julián Suriel, el tribunal les dictó tres meses de prisión preventiva.

Mientras que se impuso prisión domiciliaria, con brazalete electrónico, vigilancia, impedimento de salida y pago de una garantía económica de 10 millones de pesos, mediante la modalidad de contrato contra Carmen Magalys Medina y Freddy Hidalgo.

El tribunal dispuso que el excontralor Rafael Germosén, quien dio al Ministerio Público informaciones de cómo funcionaba la red, cumpliera prisión domiciliaria, vigilancia y un brazalete electrónico. Al imputado Domingo Santiago Muñoz le impusieron presentación periódica.

Caso coral

El caso Coral comenzó con las denuncias contra la pastora Rossy Guzmán de ser testaferro y prestanombres del exjefe del cuerpo de ayudantes militares de la administración del expresidente Danilo Medina, Adán Cáceres Silvestre.

Por acusaciones de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos, entre otros delitos, a finales de abril de este año el Ministerio Público apresó a Cáceres Silvestre; el coronel de la Policía, Rafael Núñez de Aza; el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez; la pastora Guzmán, su hijo Tanner Flete Guzmán y el mayor de la Armada, Alejandro José Montero Cruz.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), solicitó 18 meses de prisión preventiva contra cinco de los seis implicados, además de declarar el caso como complejo.

El 21 de mayo del presente año, la magistrada Kenya Romero aceptó el pedimento del Ministerio Público y declaró el caso complejo, además de imponer 18 meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo al mayor general Adán Cáceres, la pastora Rossy Guzmán, Tanner Flete Guzmán, Rafael Núñez de Aza y Alejandro José Montero. Por su colaboración con el Ministerio Público, Alejandro Girón Jiménez fue beneficiado con arresto domiciliario como medida de coerción.

Caso Lotería Nacional y el número 13

El caso de fraude en la Lotería Nacional inició por las denuncias de dueños de bancas a raíz del sorteo del 1 de mayo, donde resultaron afectados con pérdidas que sobrepasan los RD$500 millones de pesos a través de la jugada del número 13.

Fueron apresados el suspendido administrador de la Lotería, Luis Maisichell Dicent, William Lisandro Rosario Ortiz, Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Miguel Mejía, Felipe Santiago Toribio, Rafael Mesa, Eladio Batista Valerio y Edison Manuel Perdomo Peralta.

A mediados de junio pasado, el Pepca depositó la solicitud de medida de coerción, consistente en prisión preventiva, contra los imputados. La magistrada Romero, el 19 de junio, dictó un año de prisión contra Dicent, y 12 meses contra Rosario Ortiz y Batista Valerio.

A Carlos Berigüete, Valentina Rosario, Jonathan Brea y Felipe Toribio les fue impuesto arresto domiciliario por 12 meses y Edison Perdomo tendrá que cubrir una fianza de 500,000 pesos y presentarse ante un fiscal de manera periódica. En tanto que, a Miguel Mejía, Rafael Mesa, el tribunal les impuso presentación periódica con impedimento de salida.

Caso medusa

El más reciente proceso vinculado a actos de corrupción, es el caso Medusa, encabezado por el exprocurador Jean Alain Rodríguez, quien, además de otros implicados, fue acusado de malversar más de seis mil millones de pesos a través de la Procuraduría General de la República.

Al igual que en casos previos, el hecho inició con más de 30 allanamientos, incluyendo a la residencia del exfuncionario y su progenitora. Un día después, el 29 de junio, Rodríguez se presentó a la sede de la Procuraduría para ver “de qué se trataba” el proceso en su contra. Ese mismo martes el exprocurador fue detenido por el Ministerio Público.

Los demás implicados en el caso son Miguel José Moya, Rafael Mercedes Marte, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Stefano Canó Sacco, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jonnathan Josel Rodríguez Imbert, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado.

Por corrupción, lavado de activos, asociación de malhechores y otros delitos, el Ministerio Público también solicitó 18 meses de prisión preventiva y declaración del caso como complejo contra los imputados, solicitud que fue concedida para cuatro de los implicados, incluyendo Rodríguez.

A la cárcel de Najayo fueron enviados, además, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Solano y Javier Alejandro Forteza Ibarra. Mientras que, a Altagracia Guillén, Rafael Mercedes y Jenny Marte, la magistrada Kenya Romero les dictó 18 meses de prisión domiciliaria.

En tanto que, a Miguel José Moya, exasesor de la Procuraduría, le fue impuesta garantía económica de un millón de pesos, que pagó esta semana, impedimento de salida y presentación los días 30 de cada mes.

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