La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), tiene hasta este miércoles a la 1:05 de la tarde para depositar la acusación en contra del mayor general Adán Cáceres y los demás implicados en el caso Coral.
Esto, tras la intimación que hiciera el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ya que la Pepca había dejado vencer el plazo de dos meses que le habían otorgado para completar la investigación.
De no presentar acto inclusivo en el tiempo establecido por el tribunal, los representantes de la Pepca correrían el riesgo de que la acción penal sea declarada extinguida, como lo establece el Código Procesal Penal.
“Vencido el plazo de la investigación, si el Ministerio Público no acusa, no dispone el archivo ni presenta otro requerimiento conclusivo, el juez en los cinco días siguientes, de oficio o a solicitud de parte, intima al superior inmediato y notifica a la víctima, para que formulen su requerimiento en el plazo común de quince días. Si ninguno de ellos presenta requerimiento alguno, el juez declara extinguida la acción penal”, dice el artículo 151 de Código Procesal Penal.
Los representantes del Ministerio Público han dicho que depositarán en el tiempo establecido. Justifican que la magnitud y calidad de la investigación requiere de tiempo, pero que presentarán una acusación contundente en la que incluirán a todos los involucrados que participaron en el entramado corrupto.
Las investigaciones de la Pepca establecen que Adán Cáceres se aprovechó de sus funciones, su cercanía y apoyo del poder político para crear una presunta red corrupta para distraer fondos públicos a través del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), institución que dirigía.
Por estos actos de corrupción fueron sometidos el mayor general Adán Cáceres, la pastora Rossy Guzmán, así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
En tanto que contra Raúl Alejandro Girón Jiménez se ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad, por cooperar con la investigación del Ministerio Público.
La red supuestamente se extendió hasta el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). De acuerdo con la Pepca, en estas instituciones se incluían en la nómina a militares y policías que se prestaron para hacer desfalcos millonarios a cambio de pequeños montos de ganancia.
Supuestamente, la red utilizó instituciones religiosas y organizaciones sin fines de lucro para lavar dinero sustraído del erario público. Dicen que los imputados llegaron a aumentar considerablemente su patrimonio de manera que no podían justificar.
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