La organización entiende que “en los resultados de las encuestas resulta obvio que alguna está siendo manipulada, por las diferencias abismales que ofrecen entre los precandidatos, y esto es precisamente lo que se trata de evitar en la nueva normativa sobre la materia o por lo menos permitir que la ciudadanía sepa quién las ordena para que pueda incluir este factor dentro de su análisis”.
Sanciones. PC reiteró que el medio que han decidido utilizar algunas encuestadoras o precandidatos para evadir el cumplimiento de la ley, es filtrar los resultados de la encuesta a la prensa, pero sin informar quién la encargó, por lo que advierte que corresponde a la Junta Central Electoral (JCE) evitar que las nuevas disposiciones legales se conviertan en letra muerta, para lo cual solicitaron que se inicie una investigación y se apliquen las normas correspondientes, antes de que la situación se salga completamente de control.
La información fue ofrecida como parte de su acostumbrado proceso de Observación Electoral.
La organización de la sociedad civil presentó por medio de una comunicación el pasado 23 de agosto al organismo comicial una formal denuncia por incumplimiento de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (15-19) del 18 de febrero de 2019.
