Respondió a los legisladores que la sociedad dominicana lo que demanda son servidores públicos honestos, capaces, responsables y comprometidos con la sociedad y el Estado dominicano.
“Si fuera el contrario (si la ley le impidiera postularse) se estaría violando la propia Constitución de la República en su artículo 22, que establece los derechos de la ciudadanía de elegir y ser elegido y el artículo 39 de la propia Constitución, que establece el derecho de la igualdad entre los ciudadanos hacia el ejercicio de las posiciones de la administración pública”, expuso el exlegislador.
Indicó que en nada la militancia y la vinculación a un partido hace oponible no tener claro esos preceptos y que, en su caso, con más razón debe tenerlos muy presentes porque debe ser mucho más neutral para no darle la razón a los que objetan su aspiración.
Asimismo, definió los ejes fundamentales en los que se basaría su plan, de ser electo defensor del pueblo, a corto y mediano plazo, que serían el afianzamiento del organismo, en la conciencia de la sociedad, la educación y la información para que todos los dominicanos conozcan sus funciones y acuda a hacer valer sus derechos de tutela.
“Desde luego, el de tutelar, salvaguardar, proteger los derechos fundamentales, humanos colectivos y difusos; la educación, la formación y la instrucción en esos aspectos que tiene que ver con la propia tutela, porque no se puede obtener que la ciudadanía acceda a ese organismo si no lo conoce”, indicó.
Merán aseveró que otro punto sería el fortalecimiento de la transparencia institucional. Los otros dos que aspiran a la misma posición son Pablo Ulloa Castillo y Fidel Santana.
Tiene 47 años y se ha especializado en Derecho Constitucional
Según la biografía que de Henry Maldonado Merán aparece en la Cámara de Diputados, el exlegislador tiene 47 años de edad y se graduó de Licenciado en Derecho, mención de honor Magna Cum Laude, en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu).
Posteriormente, en el año 1997 se trasladó a España, matriculándose en la Universidad Jaime I de Castellón de la Plana, donde realizó estudios doctorales en Derecho Constitucional, mención de honor.
Ha cursado, además, programas de especialización en las principales áreas del Derecho, entre las que se citan Maestría en Deontología Jurídica, Post Grado en Derecho Público y Privado, Diplomado en Derecho Internacional Público y en Administración de Justicia. Asimismo, en el ámbito del Derecho Penal Internacional y el Derecho Comunitario Europeo en las Universidades de Barcelona y Valencia, respectivamente.
En la administración pública ha ocupado la función de director Jurídico de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctrica Estatales (CDEEE), presidente de la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS) y Procurador General Adjunto para el Sistema Eléctrico.
