Justo 20 años después de haber sido reformulada la CDE, hoy Cdeee, por la gestión del exmandatario Mejía, existen luces y sombras en un campo, que, si bien ha avanzado, no ha logrado del todo superar la crisis eléctrica (apagones, pérdidas, subsidios y precios altos), que por décadas han afectado al pueblo dominicano.
Luces
La puesta en marcha de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, los programas de rehabilitación de redes y reducción de pérdidas, así como la estructuración de un acuerdo que impide la acumulación de deudas con los generadores son los principales logros citados a través de datos periodísticos de la última década.
Hacia el año 2018, se documenta que, entre los logros se encuentra el plan de apoyo a las energías renovables que ha logrado que el país cuente con 301 megavatios de energía limpia disponibles, y la puesta en marcha de proyectos por otros 303 megavatios que entraron al sistema durante el 2019.
En 2018 fueron inaugurados los proyectos Montecristi Solar y el eólico Larimar II, que se suman a los seis que ya estaban en operación para sumar 301.21 megavatios de energía solar, eólico y biomasa.
Parecer de Bernardo Castellanos, consultor energético
Bernardo Castellanos, consultor energético indica que, el periodo de luces de la Cdeee estuvo concentrado en el 1978-1986, cuando la CDE era el monopolio estatal del sector eléctrico.
Explica que, durante ese periodo, los administradores de la CDE, Guillermo Paniagua, Fernando Periche Vidal, José Florentino y Marcelo Jorge Pérez, establecieron unos planes de expansión de la generación eléctrica que permitió la diversificación de la matriz de generación con la introducción del carbón en las centrales Itabo I y II y de la biomasa como combustible de generación en las centrales de generación térmica contratadas durante la administración de Marcelo Jorge, 1982-1986, Barahona y Mitsubishi. Dijo que estas fueron contratas y diseñadas inicialmente para operar todo el año a base de barbojo y bagazo de caña, situación que nunca se produjo, pues en el periodo 1986-1990, se tomó la “nefasta decisión” de sustituir el barbojo y bagazo de caña en la central Mitsubishi, localizada en el río Higüamo, para que operara solamente a base de bunker C o fuel oil 6, a pesar de que dicha central arribó al país con todos los equipos y accesorios necesarios para el manejo del barbojo y del bagazo.
La central de Barahona, si bien es cierto que nunca operó a base de barbojo y bagazo, su entrada en operación en el periodo 2000-2004, fue a base carbón, el cual es un combustible mucho más barato que el bunker C o fuel oíl 6.
Castellanos precisa que, según el informe elaborado por la comisión presidida por el doctor Roberto Saladin, creada en el periodo de transición de las elecciones del 1986, para el 1987, las proyecciones de pérdidas totales del sector eléctrico eran del orden de un 25 %, mientras que el subsidio del sector eléctrico se proyectaba entre 200 a 250 millones de pesos, equivalentes a unos 70 a 90 millones de dólares, situación que ha sido superada con creces en los casi 22 años de la capitalización (de las empresas estatales, en el primer gobierno de Leonel Fernández 1996-2000), donde el subsidio anual se sitúa entre los 600 y 1,200 millones de dólares.
En lo relativo a las pérdidas totales del sector eléctrico, Bernardo Castellanos puntualiza que, luego de la capitalización, las mismas siempre han estado por encima del 30%, alcanzando valores máximos cercanos al 50%.
Sombras
Para Bernardo Castellanos, las sombras de la CDE-Cdeee se sitúan en los contratos grado a grado firmados con generadores privados en el periodo 1986-1996, 1996-2000, 2004-2012 y 2012-2020, que tantos dolores de cabezas y pérdidas financieras han ocasionado a las finanzas públicas.
“Los contratos que fueron catalogados por el PRM de ilegales y que debían ser eliminados inmediatamente, no fueron el fruto de procesos competitivos de licitación pública y tampoco fueron supervisados por la Superintendencia de Electricidad. Dichos contratos fueron el fruto de negociaciones directas, grado a grado, sin la participación de la Superintendencia de Electricidad, ni siquiera de las distribuidoras”, argumenta.
Rubén Bichara: “Rol de la Cdeee debía ser reformulado”
El exadministrador de la Cdeee, Rubén Jiménez Bichara, se muestra de acuerdo en que, con la creación del Ministerio de Energía y Minas, el rol de la institución debía ser reformulado.
Dice que, la creación de un holding para administrar los activos comerciales del Estado, es el posible papel de la Cdeee.
“Un ministerio es un hacedor de políticas públicas, por tanto, no debería tener a su cargo actividades comerciales. Sería como ser juez y parte y entrar a su vez en competencia con el sector privado y, por eso se necesita una entidad que gestione/administre todos esos activos y participación accionaria del gobierno en el sector eléctrico”, refiere Bichara.
Señala que, a la CDEEE le pueden cambiar el nombre, pero lo cierto es que se necesita un ente que gerencie ese portafolio. Indica que lo anteriormente tocado, es parte de un proceso que ya se había iniciado en la gestión del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
“Se debe liquidar a través de ley”
“Para que la Cdeee pueda ser destruida como es la intención de las actuales autoridades, violando su promesa y compromiso de campaña, su destrucción tiene que ser mediante una ley promulgada por el Congreso Nacional y no mediante un simple decreto del Poder Ejecutivo, ya que ningún decreto está por encima de ninguna ley”, explica el consultor energético Bernardo Castellanos.
Recuerda que la Cdeee fue creada mediante la Ley General de Electricidad 125-01, en su artículo 138 , el cual establece que se crea la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), cuyas funciones consisten en liderar y coordinar las Empresas Eléctricas, llevar a cabo los programas del Estado en materia de electrificación rural y sub-urbana a favor de las comunidades de escasos recursos económicos, así como de la administración y aplicación de los contratos de suministro de energía eléctrica con los Productores Independientes de Electricidad (IPP). Esta Corporación financiará sus actividades con sus recursos asignados en la Ley de Gastos Públicos, con financiamiento y con cualesquiera otros fondos especializados que les asignen de manera específica.
“Se alega que la Ley 100-13 que crea el Ministerio de Energía y Minas, ordena la eliminación de la Cdeee. Esa afirmación es totalmente incorrecta ya que dicha ley, ni la Ley 142-13 que agrega el artículo 24 a la Ley 100-13, en ningún momento establecen la destrucción ni eliminación de la Cdeee. Todo lo contrario, el único artículo de la Ley 142-13, que añade el único texto de la referida ley, como artículo 24 de la Ley 100-13, ratifica el rol que le confiere a la Cdeee la Ley General de Electricidad 125-01, en su artículo 138”, enfatiza Castellanos.
Y continúa “El artículo 24 de la Ley 100-13, el cual es añadido por la Ley 142-13, es muy claro y preciso y no deja lugar a ninguna duda de que la ley que crea el Ministerio de Energía y Minas, en ninguno de sus artículos ordena la destrucción ni eliminación de la Cdeee, como decidieron de manera unilateral las presentes autoridades”.
Sostiene que no es cierto que en las discusiones del Pacto Eléctrico se consensuó la destrucción y eliminación de la Cdeee, como alegan las autoridades actuales del sector eléctrico.
Manifiesta que, el disenso número uno que figura en el documento del Pacto Eléctrico, precisamente se refiere al rol de la Cdeee y bajo el numeral 5.2.1 de reestructuración de la Cdeee en función a lo establecido en la Ley 142-13, que agrega el artículo 24 a la Ley 100-13 y en función a la Ley 125-01. En ninguna parte se menciona destrucción ni eliminación, sino reestructuración de la Cdeee.
Dice que, “el PRM ha incumplido y violado su planteamiento y compromiso público ante la sociedad” de eliminar los contratos que calificó de ilegales y que fueron firmados durante la administración pasada de la Cdeee, pues no los ha eliminado como fue su planteamiento y exigencia cuando era oposición.
