La Junta Central Electoral (JCE) inició un proceso de reestructuración en procura de recuperar su imagen y credibilidad, afectada con el fracaso de las elecciones municipales del 16 de febrero y sacudida por auditorías de organismos internacionales que pusieron al desnudo su mala gestión informática.
Como parte de esa labor, los miembros del pleno se mantienen en sesión permanente atendiendo las recomendaciones realizadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) para mejorar su gestión.
Los organismos internacionales determinaron en auditorías que los comicios de febrero fracasaron debido al mal del diseño del software del voto automatizado utilizado por la JCE. Argumentaron que no contaba con herramientas para detectar o prevenir fallas.
En consecuencia, la JCE acogió los mecanismos técnicos sugeridos por OEA y por Uniore para la transmisión de las relaciones de votación desde los colegios electorales, el cómputo electoral y la divulgación de resultados.
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