El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, dijo que el presidente de la República, Luis Abinader, no impondrá ante el Congreso Nacional una reforma a la Constitución.
“Este Gobierno no se embarcará en acciones deleznables que contradigan las leyes preestablecidas y las normas éticas que deben regir la administración pública”, dijo el funcionario al participar de la última reunión de la Mesa Temática de Transparencia e Institucionalidad que coordina el Consejo Económico y Social (CES).
Aseguró que ninguna modificación de esa trascendencia será impuesta por el Poder Ejecutivo si no es comprendida y avalada por los actores políticos, sobre todo aquellos que tienen incidencia en el Congreso y que los aspectos de las mismas serán los que ya se han planteado.
“El presidente Luis Abinader reitera que su apoyo, impulso y aprobación a esta iniciativa se limitarán a lo aquí propuesto y que bajo ningún concepto y circunstancia sus objetivos tocarán otros temas”, sostuvo Peralta, al reiterar que con ellas se logrará un país más democrático y transparente en el manejo de los fondos públicos y con un sistema de justicia más eficaz.
Afirma que desde el primer día el Poder Ejecutivo ha mostrado apertura para que, en el marco de este diálogo, la comunidad nacional presente sus observaciones, contrapropuestas y sugerencias adicionales, a través de las distintas organizaciones políticas y sociales presentes.
Entre estas reformas citadas por Antoliano Peralta están lograr disminuir de más de 200,000.00 ciudadanos exigidos para impulsar una iniciativa popular a solo veinticinco mil 25,000.00; la exigencia de la no militancia partidista como requisito para ser juez de las altas cortes, el fortalecimiento interno y externo del control de los fondos públicos; la independencia real del Ministerio Público, a través de un mecanismo de designación de su titular que sea más democrático, o la exclusión del Ministerio Público de la matrícula del Consejo Nacional de la Magistratura.
Entre los participantes en la reunión figuran la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortíz Bosch; el subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Pedro Montilla y la subconsultora del Poder Ejecutivo, Noelia Rivera.