El Ministerio Público acusa a Javier Alejandro Forteza Ibarra, apresado como parte de la Operación Medusa, de crear de manera ilícita un sistema informático para el monitoreo de cualquier lugar y de manera remota a las computadoras usadas en áreas de administrativas y por los fiscales.
Se trata del sistema denominado Keylogger, desarrollado a mediados de 2018, con el cual Forteza Ibarra tomó control de las informaciones de los procesos penales, facilitar el borrador de información almacenadas en los discos duros de la Procuraduría General de la República (PGR).
Así consta en la orden de allanamiento emitida contra Forteza Ibarra, quien fungía como director de Tecnología de Información y Comunicación (DTIC), exprocurador Jean Alain Rodríguez, Miguel José Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Stefano Canó Sacco, Jonnathan Josel Rodríguez Imbert, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado.
De igual forma, las autoridades responsabilizan a Javier Alejandro Forteza Ibarra de eliminar, el 20 de febrero de 2020, la base de datos de los servidores, encripto la data de los servidores y de los backup conectados en línea.
Además, detalló que fue alterada y formateada la data de información almacenada en el correo institucional del dominio pgr.gob.do, donde se encontraban alojados los datos y usuarios de los fiscales y personal administrativo.
“… la base de datos de la Dirección de Prisiones, Departamento de Extradiciones, Control de Evidencias y Bienes Incautados, Contabilidad, Tesorería, Transportación y Activo Fijo; entre otras dependencias de la Procuraduría”, se informó en el documento.
Faltan dispositivos
El Ministerio Público da cuenta de la pérdida de dos equipos, un dispositivo bloqueador de señal tipo mochila y el equipo antidrone, el cual costó 3,974,156.76 pesos. La compra fue retirada por Vilmi Durán, asistente de Jean Alain rodríguez el 27 de julio de 2020, supuestamente para usarlos en labores de investigación cuando así la fiscalía lo requiera.
Agregó que Javier Forteza Ibarra, director de DITC, fue quien recibió el citado equipo y emitió una certificación el 13 de febrero de 2020, en la cual afirmó que el equipo se lo entregó al Despacho del procurador, el 12 de agosto de 2020.
“No encontrándose ningún registro oficial de esta supuesta entrega y mucho menos los equipos de forma física en ninguna dependencia del Ministerio Público”, señaló. También dijo que los equipos no están en el Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación, el cual gestionó la compra, por lo que están desaparecido.
Capacitaciones no impartidas
En el documento se detalló que el imputado Javier Alejandro Forteza Ibarra realizó procesos de contrataciones para capacitación y cursos especializados para el personal administrativo del DTIC.
Señaló que estas “no fueron impartidas” al citado personal y que también se alteraron los precios en las compras de equipos informáticos y de telecomunicaciones.
Las declaraciones de la testigo Raineiry Elizabeth Medina Sánchez establecen que Forteza Ibarra borró las informaciones de la base de datos del área de almacén de la Procuraduría General de la República.
