El Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional decidió una vez más aplazar la audiencia preliminar que se conocería este viernes por el caso de la presunta venta irregular de los terrenos del barrio Los Tres Brazos, ubicado en Santo Domingo Este.
El proceso tiene aproximadamente dos años en la etapa preliminar, y los aplazamientos han sido una constante. Este viernes la posposición de la audiencia se produjo para que el Ministerio Público notifique documentos que no había entregado a algunos de los imputados en el proceso judicial.
Los afectados volvieron a protestar en las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se está llevando el proceso. Manifestaron que no se darán por vencidos hasta lograr que se haga justicia por el caso de corrupción que los mantiene en incertidumbre.
Se recuerda que el 29 de septiembre el Ministerio Público depositó la acusación formal por este caso en el que está incluido el exdirector de Corde, Leoncio Almánzar, y otras 15 personas, algunas de ellas exfuncionarios de la Jurisdicción Inmobiliaria.
Además de la acusación del Ministerio Público, el abogado Manuel María Mercedes y los miembros del Comité de Lucha por la Defensa de Los Tres Brazos se constituyeron en actores civiles y buscan que el Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional envíe a los acusados a juicio de fondo, además de que se les imponga una indemnización de 500 millones a favor de los afectados.
Acusados y los delitos
El Ministerio Público solicita en su acusación que se dicte auto de apertura a juicio, acogiendo en su totalidad la acusación presentada en contra de los encartados por los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, soborno de funcionario público, abuso de funciones, complicidad en desfalco en perjuicio del Estado dominicano, asociación de malhechores, estafa, coautor de soborno de funcionario público, falsedad en escritura pública y complicidad en desfalco.
Además de Almánzar Objío, están acusados Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario; Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico; Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de Títulos del Distrito Nacional; Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Infepa, y los miembros de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams; José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad comercial Titulatec; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella y Lisetel González, quien prestó su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de Corde.
Igualmente, fueron acusadas las sociedades comerciales Proyecciones Inmobiliarias Gowi S.R.L. (Proyinsa), Soluciones Electrónicas Sidenet S.R.L., Inversiones Fernández Parache y Asociados, S.R.L (Infepa), Titulatec S.R.L y Tekknowlogic Dominicana S.R.L.
