El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, aseguró que con la decisión del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, de variar la prisión preventiva por domiciliaria a Adan Cáceres Silvestre, Rafael Núñez de Aza y la pastora Rossy Guzmán, implicados en el caso Coral, se busca que el Ministerio Publico no haga investigaciones exhaustivas.
“Este tribunal con la decisión de hoy pretende que el Ministerio Público no haga grandes investigaciones, pretende que el Ministerio Público no haga investigaciones exhaustivas y pretende que el Ministerio Público ejerza de manera irresponsable su función. Eso no va a pasar, nosotros no vamos a ejercer de manera irresponsable nuestras funciones, nosotros seguiremos presentando procesos del tamaño de la dinámica delictiva que estamos presentando”, dijo a la prensa.
Camacho indicó que durante el proceso se le otorgó 95 días a los implicados en el caso para que se defiendan de las acusaciones planteadas por el Ministerio Público, pero ahora se «acusa» a la entidad acusatoria “por hacer una investigación amplia y una investigación exhaustiva”.
“Este país es el único en el mundo en que el debido proceso y la lógica solamente aplican para beneficiar a los acusados, a los procesados por caso de corrupción, el tribunal en el día de hoy asume, acepta y manifiesta la alta complejidad en este caso, pero esta complejidad no sirve para entender que un caso muy complejo necesita que el ministerio público le dedique tiempo”, dijo Wilson Camacho.
En abril de 2021 el Ministerio Público desarticuló una supuesta red de corrupción denominada Operación Coral, en la que su principal implicado es el exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina.
El órgano persecutor acusaba al grupo liderado por Adan Cáceres Silvestre de asociación de malhechores, estafa y otros delitos contra el Estado.
En mayo de ese mismo año, el grupo en el que también figuran la pastora Rossy Guzmán Sánchez, su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán, Rafael Núñez de Aza y Raúl Alejandro Girón Jiménez, a 18 meses de prisión preventiva.
Este martes luego de varias apelaciones para que se variara la prisión, Yanibet Rivas jueza del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, decidió variar la prisión preventiva por domiciliaria.
Para esto a Cáceres y Núñez de Aza la magistrada impuso el pago de RD$100 millones como garantía económica bajo la modalidad de contrato, el uso de brazalete electrónico y el impedimento de salida del país.
Mientras que a la pastora le impuso el pago de una garantía de 50 millones de pesos bajo modalidad contrato, impedimento de salida, arresto domiciliario y grillete electrónico.
