La jueza Kenya Romero, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, valorará este viernes si son suficientes las pruebas presentadas por el Ministerio Público para enviar a prisión al mayor general Adán Cáceres y a los demás implicados en la presunta red de corrupción desarticulada mediante la Operación Coral.
Esto ocurre luego de que los representantes del Ministerio Público expresaran, en una audiencia anterior, que tienen una cantidad de pruebas “abrumadoras y fulminantes” en contra de Adán Cáceres, exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia (Cusep), la pastora Rossy Guzmán, el coronel Rafael Núñez de Aza, el teniente coronel Raúl Alejandro Girón, el cabo policial Tanner Flete Guzmán (hijo de la religiosa) y el mayor de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
En su expediente, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) establece que Adán Cáceres instrumentó un entramado de criminalidad organizada compuesto por un esquema societario, y con la participación de miembros vinculados a cuerpos castrenses y civiles para colocar, estratificar y reintegrar al sistema financiero nacional dinero defraudado del Estado, dando apariencia de legalidad a los activos generados.
Indican que Adán Cáceres se benefició de su cercanía con el poder, al ser el exjefe de la seguridad del expresidente Danilo Medina Sánchez, para realizar acciones ilícitas, utilizando prestanombres, testaferros, poseedores de propiedades mediante simulaciones contractuales tanto de ventas como de alquiler.
Los ilícitos
Es por eso que el órgano acusador considera que la prisión preventiva y la declaración de complejidad del caso, es la medida coercitiva más idónea “para salvaguardar el desarrollo de la investigación”.
Al grupo, apresado el pasado sábado durante la Operación Coral, se le imputan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
Para su arresto se realizaron 27 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata y Samaná. En estas acciones ocuparon bienes muebles e inmuebles millonarios.
Los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, titulares de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), respectivamente, aseguran que llevan ante la jueza un caso “jurídicamente blindado” contra los imputados.
Las defensas
De su lado, las defensas de Cáceres Silvestre y del coronel Núñez de Aza consideraron, en días pasados, que los fiscales deben demostrar con pruebas y no solo con palabras las acusaciones en contra de sus clientes.
Otros de los abogados de los imputados han dicho que demostrarán en el tribunal la inocencia de sus clientes. Dijeron que algunos de esos imputados tienen empresas con gran trayectoria.
“Nosotros no tenemos ningún temor (al proceso judicial), nuestro caso está jurídicamente blindado”,
Yeni Berenice Reynoso Procuradora adjunta
