La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) asegura que una de las personas involucradas en la presunta red de corrupción en la Procuraduría General de la República habría eliminado de manera intencional la base de datos, los sistemas informáticos, telemáticos y telecomunicaciones.
La solicitud de allanamientos y arresto de la Pepca refiere que durante el desempeño de sus funciones como director del Departamento de Tecnología de Información y Comunicación, Javier Alejandro Forteza Ibarra, “específicamente en fecha 20 de febrero del año 2020, eliminó de manera intencional la base de datos de los servidores encriptados en la data de los servidores y de los backup conectados en línea; así también, fue alterada y formateada la data de información de los departamentos administrativos, como son portal web institucional, impedimento de salida, sistema administrativo; se borró la data almacenada en el correo institucional del dominio pgr.gob.do, donde se encontraban alojados los datos y usuarios de los fiscales y personal administrativo”.
De igual manera, fue borrada “la base de datos de la Dirección de Prisiones, Departamento de Extradiciones, Control de Evidencias y Bienes Incautados, Contabilidad, Tesorería, Transportación y Activos Fijos”, dice.
La solicitud refiere que Forteza Ibarra creó acceso ilícito al sistema informático de la Procuraduría “para monitorear desde cualquier lugar y de manera remota, las PC (computadoras personales) utilizadas en áreas administrativas y por los fiscales, logrando tomar control de las informaciones de los procesos penales, así como también, facilitar el borrado de información almacenada en los discos duros”.
La Pepca puso en marcha la Operación Medusa que imputa al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y a empleados de su gestión de varios delitos.
Jean Alain Rodríguez, Rafael Canó, Jonathan Rodríguez, Miguel José Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Altagracia Guillén Calzado y Javier Alejandro Forteza y otras personas son imputados por delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos.
