Santo Domingo – El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaño, sugirió este miércoles la Cámara de Diputados a convocar una reunión con los titulares de la Junta Central Electoral y el Consejo Económico Social (CES) para tratar las modificaciones a la ley orgánica 15-19 sobre Régimen Electoral.
«Se generaron una serie de consensos que no fueron tomados en cuenta por el Senado de la República en cuanto a lo que se aprobó como reforma y ciertamente la Junta en muchas de sus preocupaciones tiene toda la razón, se le esta disminuyendo su poder de fiscalización, inclusive se le está disminuyendo la facultad para poder ordenar medidas cautelares «, expresó.
Sostuvo que la propuesta de reforma del Senado de la República debilita a la JCE.
El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) presentó ayer su posición sobre el proyecto que reforma la Ley Electoral aprobado por el Senado.
A través de un comunicado, la entidad electoral expresa su preocupación por aspectos medulares del sistema electoral que no fueron objeto de reforma, y que ahora será conocido en la Cámara de Diputados.
Tras dos reuniones durante dos días consecutivos para revisar la pieza aprobada, el Pleno observa que, en lugar de reducirse los topes de gastos de campaña, se mantuvieron igual a como están instituidos en la ley vigente.
Dice que tampoco se establece la obligación de presentar informes de gastos a cargo de las candidaturas ni sanciones a la violación de los topes y el incumplimiento a la presentación de informes.
Señala que de haberse aprobado lo antes expuesto, se contribuiría con disminuir la incidencia de los intereses privados en la representación popular; crear condiciones de equidad en la contienda; y facilitar la fiscalización de los recursos utilizados en campaña.
Se recuerda que el pasado 20 de diciembre Senado declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas la ley que modificaría esta pieza.
Esta busca fortalecer a la Junta Central Electoral (JCE) como organismo encargado de organizar y dirigir las elecciones y otros mecanismos de participación popular.
También, propone crear una Procuraduría General Especializada para perseguir los delitos electorales.
