El caldeado ambiente en las esferas del Congreso Nacional por el conocimiento del proyecto de ley de Extinción de Dominio para el Decomiso Civil de Bienes Ilícitos provocó que desde diversos ámbitos recomendaran a los congresistas sentarse a evaluar la pieza con expertos, sacarla del debate político, que garantice la seguridad jurídica, el debido proceso y el respecto a los demás derechos fundamentales y que se delimiten los tipos penales.
Al menos esas fueron algunas de las sugerencias presentadas por separado por Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr) y de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA). De éstas dos últimas a través de sendos comunicados.
Este jueves, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, advirtió que tal y como se ha planteado el proyecto de ley de Extinción de Dominio, si se aprueba, se podrían cometer abusos desde el Estado.
El jurista precisó que hasta el momento se desconocen los detalles de los consensos arribados en la comisión bicameral que estudia la pieza y recomendó a “las partes” consultar a expertos y no desnaturalicen el debate de esa pieza.
Cree que el debate que se debe realizar “ya no es político” y que desde ese ámbito esa legislación no se podrá aprobar.
Indicó que sectores de la política han introducido acusaciones que no tienen que ver con la naturaleza de ese proyecto y citó la elusión fiscal. Recordó que desde el punto de vista técnico esa ley servirá para combatir el crimen organizado, no la corrupción administrativa que se puede combatir con otras herramientas.
Empresarios y banqueros
Al respecto, la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr) recalcó sobre la necesidad de que esa ley cuente con las garantías del debido proceso y demás derechos fundamentales. A través de una nota de prensa, reiteró la importancia de contar con esa ley, ya que entiende que contribuirá al fortalecimiento institucional, la transparencia y que constituye una herramienta entre los principios que fundamentan todo Estado de derecho.
Recordó que se trata de una ley contemplada en la Constitución que contribuirá al combate de los hechos ilícitos y la criminalidad organizada.
