La fiscal Mirna Ortiz, de la barra del Ministerio Público que solicitó condenas de diez a cinco años para los implicados en el caso de los sobornos de Odebrecht, expresó que llegó la hora de demostrar que los delitos de cuello blanco tienen sanción en el país y que las cárceles no son solo para los desposeídos.
La integrante del equipo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) consideró en audiencia que el “Ministerio Público ha cumplido la promesa que hizo cuando iniciaron el conocimiento del proceso, de que demostraría, más allá de la duda razonable, que los implicados en el proceso iban a obtener la sanción por los hechos cometidos”.
“Muchos dudaron de que este Ministerio Público no llegaría a este momento, muchos criticaron al Ministerio Público, pero estamos aquí con la misma fuerza del primer día y la convicción de una condena. Hemos demostrado ante el tribunal que la acusación se sustenta en pruebas veraces, legales e inequívocamente conducirán a una condena”, expresó Ortíz.
Dijo, además, que el Ministerio Público está convencido de que quienes sustraen fondos públicos, el dinero del pueblo, merecen ser sancionados por sus actos y que esa sanción debe ser más ejemplar porque son exfuncionarios que, teniendo el deber constitucional de hacer las cosas bien, eligen el camino incorrecto.
La tarde de este martes los representantes de la Pepca pidieron 10 años de prisión para el empresario Ángel Rondón y el exministro de Obras Públicas y exdirector del Inapa, Víctor Díaz Rúa; para Andrés Bautista, expresidente del Senado; Juan Roberto Rodríguez, también exdirector del Inapa, y el exsenador Tommy Galán, cinco años de reclusión. Al abogado Conrado Pittaluga siete años de prisión. Para todos también pidió el decomiso de sus bienes.
