‘INACEPTABLES MODALIDADES DE IMITACIÓN CARICATURESCA’
En el documento, el Ejecutivo sandinista acusó a las autoridades de esos cuatro países de pretender ignorar y obviar ‘cínica e inescrupulosamente’ situaciones ‘que son lesivas de los derechos humanos, en sus propios países’.
‘En nuestra Nicaragua, que ha sufrido y combatido exitosamente todas las formas de intervención en nuestros asuntos y en nuestros territorios, rechazamos categóricamente estas inaceptables modalidades de imitación caricaturesca, de quienes violentando nuestras propias y sagradas tierras de patria grande, se han arrogado funciones que nadie les ha otorgado, en abierta violación del derecho internacional, de los derechos humanos, y en vergonzoso seguidismo de potencias colonialistas, imperialistas, agresoras y destructoras de nuestras culturas y modos de vida’, continuó.
El Gobierno de Ortega, agregó, ‘lamenta tomar esta medida que solo exige el respeto a normas de convivencia pacífica, reverente y armoniosa entre naciones y pueblos que nos debemos a nuestra historia común’.
Reiteró, además, ‘que nunca ha sido Nicaragua, por principios, conciencia, vocación, decisión y propia convicción, voz que altere el derecho de cada pueblo a la autodeterminación, la soberanía y la independencia, cuyo bicentenario de aquellas primeras luchas, estamos celebrando en Centroamérica, ratificando que somos y seguiremos siendo libres’.
Los embajadores nicaragüenses que fueron llamados a consultas son Orlando Gómez (Argentina), Yara Pérez (Colombia), Duilio Hernández (Costa Rica), y Juan Carlos Gutiérrez (México).
EXCLUSIÓN DE LOS OPOSITORES DE LAS ELECCIONES
En el actual proceso electoral las autoridades nicaragüenses han arrestado a más de una treintena de dirigentes opositores, entre ellos siete aspirantes presidenciales que están siendo investigados por supuesta ‘traición a la patria’.
El Consejo Supremo Electoral, controlado por partidarios de Ortega, también ha cancelado la personalidad jurídica a tres partidos políticos, incluyendo a la principal alianza opositora, y el Parlamento, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta, reformó la Ley Electoral, la cual estableció un mayor control en la estructura electoral a favor de los sandinistas.
Ortega, un exguerrillero próximo a cumplir 76 años y que retornó al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidir por primera vez el país entre 1985 y 1990, busca su quinto mandato de cinco años, cuarto de forma consecutiva y segundo junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, en las elecciones de noviembre.
