Santo Domingo – Los casos de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero que han salido a luz en los últimos dos años también han salpicado a legisladores, que mantienen expedientes abiertos ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa(Pepca).
La operación Falcón, puesta en marcha por el Ministerio Público contra el lavado de activos producto del narcotráfico, involucró a los diputados Faustina en Guerrero Cabrera, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y a Héctor Darío Feliz Feliz, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
A Guerrero Cabrera recientemente le fue realizado un allanamiento en su vivienda, es esposa de Juan Maldonado, exdirector de Comunidad Digna, quien guardaba prisión por su vinculación al referido caso hasta la pasada semana, cuando le fue variada la medida de coerción, colocándole un brazalete electrónico, con impedimento de salud del país.
La legisladora Rosa María Pilarte, también del PRM, es similar, ya que también es relacionada con su esposo, Miguel Arturo López Florencio, conocido popularmente como Micky López, quien es acusado como el líder de la red de lavado de activos y narcotráfico.
El Ministerio Público solicitó que para conocer el caso de las diputadas sea designado un juez especial por la Suprema Corte de Justicia.
Otros casos
Se espera que en este mes de octubre, los jueces de la Suprema Corte de Justicia decidan el fallo del juicio de fondo al diputado del PRM por Santiago, Gregorio Domínguez, acusado de llevar a cabo desalojos en una propiedad en Punta Rucia, Puerto Plata en mayo del 2020.
En su dictamen, el ministerio público pidió a los jueces declarar culpable al legislador y que en consecuencia fuera sentenciado a cinco años de prisión para ser cumplida en la cárcel Modelo de Rafey-Hombres, de Santiago.
Otro es el caso de Sadoky Duarte, diputado del PRM por la provincia Sánchez Ramírez, quien es señalado por agredir en la cara a una raso de la Policía Nacional, identificada como Disleidy Heredia, en un hecho sucedido en diciembre del 2020.
¿Qué dice la constitución sobre apresar a legisladores?
Los artículos 86 y 87 de la Constitución Dominicana establecen que mientras esté abierta la legislatura, ningún legislador puede ser arrestado, a menos que sea sorprendido en fragante delito.
