Por: JOAQUIN RICARDO
Mientras Haití continúa su camino hacia el abismo, la esperanza que surge con la conformación del Consejo Presidencial de Transición, organismo que tiene la misión de preparar las condiciones para el retorno a lo que podría llamarse normalidad en Haití, así como el de la importante escogencia del primer ministro del vecino país, parece cada día suspendida y envuelta en una ambigüedad preocupante.
La comunidad internacional luce cada día más involucrada con otros conflictos que asolan a la humanidad. Gaza, Ucrania, Siria y el estrecho de Taiwan, por solo mencionar algunos, demandan y reciben mayor atención que el problema haitiano, a pesar de la amenaza geopolítica que representa el drama haitiano, con sus pandillas y el involucramiento de potencias extra continentales.
En los días de la Semana Santa entró en funcionamiento en Haití el ilegal y violatorio del convenio de 1929 desvío del rio, para alimentar un canal privado. Este trabajo se realizó en aguas fronterizas, cuyo manejo está debidamente estipulado en el Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje firmado en Santo Domingo entre Haití y la República Dominicana, donde ¨las Altas Partes Contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas¨.
A pesar de esta clara provocación, nuestro país debe manejarse con la prudencia y con la firmeza necesarias, debido al cada día más evidente deseo de involucrar al país en la crisis haitiana, para justificar aún más la intención de que seamos la solución añorada a la involución y posible desintegración del Estado vecino.
El Presidente de la República ha demostrado claramente que la solución a la crisis de Haití no puede ser dominicana. Ha demostrado en foros internacionales su firmeza y su prudencia. Expresa, con la fuerza irrebatible de la verdad, que todos los dominicanos deseamos que Haití se recupere, para que se fortalezca la relación entre las dos naciones y se desarrollen programas binacionales que resulten de beneficio para ambos países.
Garantizar agua
En lo que ese ideal se concretiza, el gobierno está en el deber de garantizar el agua que necesitan nuestros agricultores para irrigar los sembradíos situados en la parte baja del ilegal y violatorio desvío haitiano. La Vigía ha entrado en funcionamiento para esos fines.
El Presidente y el Gobierno han cumplido con su deber. Cumplir no significa politizar el tema. Formulo, nueva vez, el llamado a la clase dirigente a que entendamos que Haití, su situación y el problema que significa para el país, es un asunto de Estado.
En lo que se encuentra una salida, toda la clase dirigente y los poderes fácticos debemos respaldar al jefe del Estado, con el fin de presentar ante esa comunidad internacional la unidad monolítica que requiere el pueblo dominicano, con el fin de enfrentar el peligro que significa para la seguridad nacional la inestabilidad y el retroceso de Haití.
Debemos abogar por una solución a largo plazo, que pasa por la convivencia pacífica y armoniosa entre dos estados con costumbres, lenguas y culturas diferentes, pero atrapados en un territorio limitado.
Mientras, La Vigía funciona como solución a corto plazo, en lo que el gobierno explora los canales diplomáticos, así como otras posibles soluciones a la violación del Tratado de 1929 por parte de Haití.
