Al leer el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados, que elimina de manera provisional el pago de impuestos aduanales a 67 productos de la canasta básica familiar, creí, por un momento, que se trataba de un error o de una confusión.
Partía de la premisa de que en el marco de la política comercial de la República Dominicana ya existen varios acuerdos de libre comercio, como son los del DR-CAFTA, con los Estados Unidos y los países centroamericanos; el EPA, con Europa; CARICOM, con las naciones de la comunidad del Caribe; y otro bilateral con Panamá.
Por consiguiente, lo que el proyecto de ley sobre tasa arancelaria cero estaba fomentando, tal vez sin proponérselo, era reducir la inflación mediante la creación de un nuevo sistema de libre comercio de la República Dominicana con el resto del mundo, de carácter unilateral.
De esa manera, nuestro país permitiría, por seis meses, la importación de 67 productos sin pagar impuestos en la aduana, mientras los dominicanos no tendríamos derecho a la reciprocidad, esto es, a exportar a esos países en las mismas condiciones en que ellos lo harían hacia el nuestro.
Frente a eso reaccionaron inmediatamente más de 200 organizaciones de diversos sectores de la producción nacional.
Manifestaron que la aprobación de ese proyecto de ley afectaría a cerca del 25 por ciento de la economía nacional, a cientos de miles de productores del campo, a más de medio de millón de empleos, directos e indirectos, así como a miles de micro, pequeñas y medianas empresas que participan en la cadena de comercialización de esos productos.
Externaron, además, que el citado proyecto permitiría la importación de productos provenientes de países con problemas sanitarios y de inocuidad que podrían poner en situación de riesgo nuestra producción avícola, ganadera y pecuaria.
En fin, el criterio generalizado era el de que una eliminación temporal de los impuestos aduanales no conlleva, necesariamente, a una solución de la inflación o disminución de los precios de los alimentos.
Para un fenómeno de tanta complejidad, el proyecto original era muy simple. Disponía tan solo de tres considerandos, tres vistas, dos artículos, un párrafo y nada más.
Como resultado de las conversaciones sostenidas entre el gobierno y el sector empresarial, el proyecto fue modificado. Se creó una segunda versión de este.
En esa nueva versión se consideraba, por un lado, establecer la garantía de que los productos de importación cumplirían con los requerimientos sanitarios y fitosanitarios exigidos por el Estado dominicano; y, por el otro, el poder limitar, con topes cuantitativos, a través de asignación de cuotas, la importación de esos productos.
Fue un pacto para evitar una confrontación con el gobierno, establecer las barreras sanitarias y fitosanitarias y tratar de controlar o mitigar el daño que se haría a los sectores productivos nacionales con esa nueva modalidad de libre comercio de carácter unilateral con el resto del mundo.
En todo caso, lo que sí quedó evidenciado es que una eliminación del pago de impuestos aduanales no conduce a una rebaja de los precios de los productos de la canasta básica familiar; y que, por lo tanto, no beneficiará, como se piensa, a los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana.
De hecho, más del 70 por ciento de los productos previstos para ser importados con tasa arancelaria cero, ya se importan al país a través del tratado del DR-CAFTA; y cerca de un 20 por ciento adicional, por medio de una combinación entre Estados Unidos, Costa Rica y Nicaragua.
Al suscribir el acuerdo de libre comercio conocido como DR-CAFTA, la República Dominicana se comprometió, en el 2005, a liberalizar la totalidad de los aranceles para los productos industriales en un período que no excediera los 10 años, lo cual se cumplió en el 2015.
Para los productos agrícolas y agroindustriales, el plazo fue de 15 años, lográndose su plena liberalización en el 2020; y para algunos productos, como el arroz, la leche y el pollo, el plazo de eliminación total de aranceles se extiende hasta el 2025.
Como pude observarse, dentro del marco de su política comercial, la República Dominica ha suscrito acuerdos de libre comercio, con carácter de reciprocidad y con un calendario de apertura gradual en el tiempo.
Ahora, con el proyecto de tasa arancelaria cero, aunque temporal, sería un nuevo modelo de libre comercio, adoptado al vapor, de apertura inmediata y de naturaleza unilateral.
De conformidad con el proyecto de ley de tasa cero arancelaria, entre los productos a ser importados se encuentran la carne de res, la carne de cerdo y la carne de pollo. Dentro del pollo se incluyen, como ingredientes aparte, la pechuga, el muslo y las alas.
También figuran en la lista la leche en polvo, la mantequilla, la margarina, el ajo, los frijoles, las harinas, de trigo y de maíz; las habas, las grasas y los aceites, animales y vegetales.
Se agregan las pastas alimenticias, cocidas y sin cocer, las arvejas y las lentejas. Pero lo que realmente me llamó la atención fue la idea de importar pan, en sus diversas modalidades: pan sobao, de agua, integral, tipo baguette y de molde, incluso congelado.
A eso se le añadió:
Los demás panes
Es notable el contraste entre el proyecto de ley de República Dominicana, que liberaliza la importación de productos terminados y la reciente decisión del gobierno de Colombia de desgravar por 12 meses la importación de más de 30 insumos para la producción agropecuaria de ese país.
Entre los productos que en Colombia se benefician de tasa cero arancelaria figuran los medicamentos para uso veterinario, los abonos fosfatados, sulfatos, insecticidas, herbicidas, nitrato de magnesio y ácido cítrico.
Además, nueces y almendras de palma para la siembra, semillas de árboles frutales o forestales, bulbos, raíces y sustitutos de leche para alimentación de terneros.
Mientras en Colombia se adopta una política de apertura de mercados para apoyar al sector agropecuario en el incremento de la producción para hacer disminuir la inflación, en nuestro país eliminamos el pago de arancel de 67 productos importados para ponerlos a competir, en condiciones desiguales, con los productores nacionales.
Aunque pronto será aprobado como ley, la idea sobre tasa cero para productos terminados constituye un desacierto.
