La decisión de la jueza Kenya Romero de dictar prisión preventiva contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre, acusado de formar un entramado de corrupción, fue miedo de ser condenada por una sociedad, afirmaron los abogados del imputado.
“La decisión dictada contra de nuestro defendido fue fruto, no de la aplicación de la ley, sino del miedo de la juez a ser condenada por una sociedad que había sido prejuiciada y condicionada por el Ministerio Público, desde antes de la primera audiencia, convirtiéndolo en culpable hasta demostrar lo contrario”, manifestó la defensa a través de un comunicado.
Los juristas, que ya presentaron un recurso de apelación contra este fallo, afirmaron que la magistrada Romero ordenó que Cáceres Silvestre esté durante año y medio recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, “sin siquiera referir elemento alguno para presumir que éste intentaría sustraerse del proceso u ocultar pruebas”.
Precisaron que el Ministerio Público presentó miles de páginas de documentos en apoyo de su solicitud de medidas de coerción, los cuales recopiló mientras el imputado se encontraba en libertad y consciente de que estaba siendo investigado y que no tiene ninguna lógica pedirle a un juez que lo encierre para evitar que oculte y destruya pruebas, ya que el mismo se mostró siempre dispuesto a colaborar con la investigación que se ejecutaba en su contra.
Consideran que en este proceso judicial, denominado caso Coral y donde hay otras cinco personas implicadas, ha primado más el sensacionalismo de un “mercadeo judicial”, condicionando a la opinión pública sobre la culpabilidad del imputado basado en falsas pruebas, las cuales, agregaron, serán desmontadas en su debido momento.
“Acciones como estas donde a un imputado se le desconocen sus derechos a una legítima defensa se le termina haciendo daño a la lucha contra la corrupción de la que ellos están muy de acuerdo para adecentar el manejo de las cosas públicas”, dijeron.
Afirmaron que Cáceres Silvestre ofreció documentos que prueban el origen de su patrimonio y el Ministerio Público se negó a recibirlos dando a entender que no había interés en que el acusado pruebe la forma en la que adquirió los bienes que posee.
