El senador de San Cristóbal por el Partido de la Liberación Dominicana, Tommy Alberto Galán Grullón, citó como testigos en el caso Odebrecht a ocho legisladores que junto a él han integrado la Comisión de Hacienda del Senado de la República.
Son ellos Julio César Valentín Jiminián, Charles Mariotti Tapia, Heinz Vielut Cabrera, Pedro Alegría Soto, Amílcar Romero Portuondo, Dionis Sánchez Carrasco, Félix María Vásquez Espinal y Francis Emilio Vargas Francisco.
Galán hace el pedido en el escrito de contestación a la imputación de soborno, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada de patrimonio que le hace la Procuraduría General de la República.
Señaló que con sus testimonios se demostrará que en su condición de miembro de la Comisión de Hacienda del Senado, él (Galán) no ejerció influencia a fin de que se abreviaran los plazos para la aprobación de contratos de financiamiento o de ejecución suscritos por la constructora Norberto Odebrecht y entidades de financiamiento.
Aclaró que al emitir informes favorables o aprobar en el pleno del Senado los contratos de financiamiento a las obras de Odebrecht, fueron atendidos requerimientos del Poder Ejecutivo para satisfacer prioridades de infraestructuras, entre ellas las dirigidas a suministrar agua a dos provincias, y además se cumplió el mandato de leyes del Presupuesto General del Estado.
“Por esa razón, todos los casos de obras involucradas en la imputación, que conllevaron financiamiento y/o exención fiscal aparejado, fueron sometidos al Congreso por mandato constitucional, pero previamente habían sido consignadas en la ley de presupuesto, que era la que ordenaba su ejecución, no la Comisión de Hacienda del Senado y mucho menos un senador”, relata el funcionario en su escrito de contestación.
Cita que la hidroeléctrica de Pinalito estaba en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, Ley 15-08; hidroeléctrica Palomino, en la Ley 498-08, Ley 366-09 y Ley 297-10; autopista del Coral en la Ley 297-10; el corredor Duarte en la No. 498-08, No.366-09; la carretera de Casabito en la Ley 498-08; el acueducto Samaná y múltiple Hermanas Mirabal, en la Ley 498-08, No. 366-09, No.297-10 y la carretera El Río-Jarabacoa, en la Ley 297-10.
Señala que hubo irregularidad en la evaluación de la Torre Valencia IV, edificio donde se encuentra su oficina senatorial de San Cristóbal, la finca recreativa Duveaux y un solar en Jarabacoa.
“El tasador afirma haber evaluado los inmuebles referidos, propiedad del senador Tommy Alberto Galán Grullón, sin haber ingresado a ninguno de ellos, sin haber obtenido el permiso del propietario, y sin habérsele concedido autorización judicial a tales fines, en ninguno de los casos”, dice.
Añade que para llegar a la conclusión de que él supuestamente oculta unos RD$63 millones de su patrimonio en inmueble, el Ministerio Público se valió de parámetros de tasación “manipulados y distorsionados” así como con criterios de actualidad, incluyendo el valor del dólar.
Además de Galán Grullón, están imputados por el caso Odebrecht el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa; el expresidente del Senado y presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista, el exsenador Roberto Rodríguez, el abogado Conrado Pittaluga, y el empresario Ángel Rondón, señalado como la persona que recibió y distribuyó los sobornos.
