El Partido Fuerza del Pueblo (FP) propuso que sean eliminadas todas las atribuciones de competencias electorales del Tribunal Superior Administrativo (TSA) y otorgar nuevamente esos asuntos jurisdiccionales al Tribunal Superior Electoral (TSE).
Así lo hizo constar la organización, en una instancia sometida por su delegado Político, Manuel Crespo, a través de la Secretaría General del organismo comicial, en su propuesta para la reforma a la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos 33-18 y a la Ley Orgánica del Régimen Electoral 15-19.
“Proponemos que todas las decisiones que versen sobre derechos electorales, derechos de militantes, elecciones y todo lo que emane de la JCE como acto administrativo sea conocido por el TSE”, dice el documento de 60 páginas depositado, en una de sus partes.
Asimismo, propuso mantener a la JCE como la organizadora de los procesos internos de los partidos políticos, tal y como lo establece la Ley Electoral 19-19 en su artículo 18.
“Esto así porque en la FP consideramos primordial este rol de arbitraje de la JCE, dado que, en cierta forma los partidos políticos en un proceso interno pueden perder su capacidad de arbitraje ante sectores o grupos internos contrapuestos”, explican.
Con relación a las audiencias con los partidos políticos, la organización liderada por el expresidente Leonel Fernández rechaza la propuesta del organismo electoral, y propone que el pleno se reúna con los partidos y movimientos políticos reconocidos cada tres meses. Las direcciones de informática, elecciones y voto en el exterior sostendrán una reunión mensualmente, en la cual le presentarán los planes de trabajo y los temas relativos al proceso electoral.
La Fuerza del Pueblo, asimismo, rechaza la posibilidad de la inclusión del voto electrónico, como forma de votación, dada la experiencia negativa de su utilización en la nación, la cual llevó incluso a la cancelación de unas elecciones por primera vez en la historia del país. Además expresó su oposición a la eliminación del voto preferencial en el ámbito municipal.
La organización se opuso al concepto de transfuguismo, en razón de que estas reglas contra el transfuguismo, entran en conflicto directo con los derechos constitucionales de asociación y de elegir y ser elegible. Entiende que es pertinente evaluar hasta qué grado se puede limitar el paso de un precandidato o candidato a otra organización sin vulnerar sus derechos constitucionales.
“Es un asunto complejo, ya que por un lado nadie puede ser obligado a permanecer en una organización que no desee, y por otro lado, a nadie se le puede impedir ser elegible. Por tanto, se tiene que determinar de qué manera se puede regular esta migración política; haciendo las normas compatibles con los derechos fundamentales en cuestión”, recordó.
Sobre este punto, la Fuerza del Pueblo rechazó la propuesta de la JCE y propuso mantener los topes planteados en Artículo 204 de la Ley 15-19; al estimar que los topes o límites planteados en el anteproyecto presentan trabas excesivas y monto bastantes reducidos, muchos de los cuales imposibilitarían incluso la materialización de la campaña en determinadas demarcaciones.
Refirió que los topes muy limitados o reducidos han mostrado ser ineficientes en la región, llevando a la vulneración constante de los mismos; y puso como ejemplo lo ocurrido en México, en donde las reglas por sí mismas, no son absurdas o excesivas, pero lo que se quiere lograr con estas es básicamente imposible debido a la naturaleza propia de las campañas políticas, las cuales son impredecibles, masivas, de larga duración y con las cuales se está compitiendo por los espacios más importantes de poder, todo lo cual prácticamente ha obligado a su transgresión en las nación en diversos procesos electorales.
En su instancia, el Partido Fuerza del Pueblo además hizo sugerencias con relación a la publicación de los fondos de los partidos políticos, períodos de campañas, procesos para selección de candidatos, carácter simultáneo de primarias, fondos de primarias, requisitos de las precandidaturas, cuotas de género y otros puntos de sumo interés para el fortalecimiento de la democracia y el crecimiento institucional del país.
