La Asociación Dominicana de Fiscales de Carrera (Adofic) dijo apoyar las declaraciones de la procuradora general de la República, Miriam German, relativas a las necesidades presupuestarias de esa institución para poder cumplir de manera cabal con sus responsabilidades de persecución de la criminalidad, contempladas en los artículos 169 y siguientes de la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público 133-11.
El presidente de Adofic, Wellington Matos Espinal, recuerda que desde el 2014 que los fiscales se agruparon en el Movimiento Dignidad para el Ministerio Público, se ha venido exigiendo de diversas maneras, entre ellas marchas y vigilias, el cumplimiento de la Ley 194-04 que establece en su artículo 3 que el presupuesto del Poder Judicial y del Ministerio Público “será de por lo menos un 4.10 por ciento del Presupuesto General de la Nación, desglosados en un 65 y 35 por ciento”, respectivamente.
Matos Espinal argumenta que para que haya una eficaz persecución se requiere contar con los recursos necesarios.
Sugirió que sea el Estado que asuma la construcción y los gastos relativos a las cárceles y privados de libertad.
“Como ustedes saben, sobre el Ministerio Público recae la gran responsabilidad de representar los intereses del Estado y enfrentar el crimen organizado, sobre todo, la corrupción y el narcotráfico, por lo que requiere estar dotado de todas las herramientas y soportes necesarios, no solo de personal, sino de equipos tecnológicos, logísticos y materiales que hagan eficaz y efectiva la persecución”, entiende el la Adofic.
En una comunicación de prensa, el presidente de Adofic explica que la sociedad se habrá podido dar cuenta que en los casos sometidos por el Ministerio Público en la actual gestión, las organizaciones criminales cuentan con toda una estructura, entramados jurídicos, muchos involucrados y diferentes ramificaciones que cuentan con un alto poder económico que por largos años han gozado del contubernio con autoridades civiles y militares.
Dice que todo ese entramado “solo puede ser enfrentado con una Procuraduría comprometida con la institucionalidad y la independencia” que cuente con recursos suficientes.
Apeló a la sensibilidad de las máximas autoridades del país para ir corrigiendo esas distorsiones presupuestarias y para seguir avanzando hacia una cultura de respeto a la ética, integridad y los valores morales.
