El Gobierno dominicano presentó formalmente la necesaria y esperada, pero no deseada, reforma fiscal. Además del “consenso” mostrado por todos los partidos políticos durante el período electoral pasado, la Ley 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, consigna la necesidad de que las fuerzas políticas, económicas y sociales arriben a un pacto fiscal orientado a financiar el desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
De manera específica, la legislación, en su Artículo 36, manda a la firma de un pacto fiscal que implique, entre otros aspectos, mejorar la eficiencia, transparencia y equidad de la estructura tributaria, y elevar la presión tributaria respecto al producto interno bruto (PIB) para viabilizar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible formulados en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.
Por las características de la economía dominicana, hay dos variables a tomar en cuenta: los altos niveles de evasión fiscal, que sólo en el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS) es del 47%, y la informalidad del mercado laboral, un reflejó que muestra cómo opera la mayoría de las empresas.
Las exenciones fiscales podrían ser consideradas como otra variable que influye en las distorsiones que afectan los ingresos tributarios, toda vez que las autoridades las han tomado en cuenta en el Proyecto de Modernización Fiscal. En este caso, proponen la eliminación y/o revisión de leyes que han servido por más de dos décadas para impulsar sectores como turismo, zonas francas y la frontera.
El Banco Central, con apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), realizó la Encuesta Nacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 2022-2023, con el objetivo fue identificar y captar información económica y financiera de este segmento de empresas de suma importancia para el desarrollo de la actividad económica nacional.
Los datos de la Encuesta establecen que la informalidad podría ser uno de los principales retos de la reforma propuesta, ya que no va dirigida a captar nuevos contribuyentes, sino que dirige las nuevas cargas fiscales hacia los que están formalizados. Según el estudio del Banco Central, apenas el 14.8% de las mipymes cuentan con un registro nacional de contribuyentes de las 404,034 unidades identificadas en el segmento. Quiere decir, entonces, que un 85.2% opera bajo la sombrilla de la informalidad. La institución estima que este sector aporta cerca del 32% del PIB.
Lo que sí quedó establecido durante la presentación del Proyecto de Ley de Modernización Fiscal es la decisión del Gobierno de atacar la evasión desde todos los frentes. Incluso, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, repitió por lo menos en tres ocasiones que no importa la nacionalidad de los evasores.
“Yo digo y no es relajo: nosotros vamos a atacar la evasión y será la evasión de cualquier nacionalidad”, destacó el principal funcionario de la política fiscal del Estado, al tiempo de indicar que ese ataque a la evasión tiene que contribuir en adición al 1.5% de medidas tributarias, ya que las decisiones administrativas toman su tiempo, pues no será un tema de atropello.
Lo que sí aseguró es que se exigirá el pago de los impuestos correspondientes y cada contribuyente debe estar consciente de que si evade comete un crimen, por lo que habrá régimen de consecuencia.
El presidente Luis Abinader, quien apanas apoyaba puntualmente al ministro de Hacienda durante la presentación de la Reforma, admitió los riesgos de imagen que implica la decisión de someter este proyecto.
“Cualquier reforma no es enteramente simpática. Nosotros lo sabemos, y sabemos que en algunos sectores es fuerte, pero lo estamos haciendo para el bien del país”, manifestó el mandatario. “Es un acto de responsabilidad que estamos tomando, sabiendo las consecuencias”, agregó, durante una de las pocas intervenciones que hizo durante la presentación el La Semanal el pasado lunes.
Evasores
El ministro de Hacienda, reiterativo en la necesidad de atacar a los evasores, aseguró que las direcciones de Impuestos Internos (DGII) y de Aduanas (DGA) implementarán una serie de medidas para atacar la evasión, ya que vienen auditorías masivas y un censo de contribuyentes, así como habrá cruces de los ingresos.
“Lo que sí está claro y estamos totalmente de acuerdo es que tenemos que atacar el problema de la evasión porque tenemos unos niveles evasión altos y ahí hay una recaudación que no es posible que sigamos perdiendo”, sostuvo el ministro de Hacienda.
Vicente explicó que el proyecto de Ley de Modernización Fiscal no fue construido en el último mes, sino que lo que se presentó viene trabajándose desde antes de la precampaña de 2020. “No es algo que es antojadizo de nosotros. Aquí todos los líderes políticos y economistas han dicho públicamente de la necesidad de hacer esta reforma. No hay ninguno que haya dicho que no es necesaria la reforma”, sostuvo el funcionario.
Reveló que durante los últimos cuatro años el Gobierno ha hablado con todos los sectores, período en el cual se han atendido todas las observaciones que se han hecho. Dijo que todo el equipo económico ha sostenido reuniones con todos los sectores económicos, a quienes reconoció el derecho de defender sus intereses.
Sin embargo, advierte que el Gobierno tiene la necesidad de proveer servicios públicos demandados por la población, pero para ellos es necesario pagarlos. “Estamos presentando una propuesta que en nuestra íntima convicción es una propuesta moderada, con mucho razonamiento y, como mencioné en el discurso, se están eliminando exenciones. Es obvio que alguien que tenga un beneficio, si ese beneficio es tocado, es natural que quiera que no lo toquen”, sostuvo.
Con relación a las decisiones tomadas respecto a las leyes de incentivos, el funcionario indicó que “todas y cada una de ellas fueron analizadas de arriba hacia abajo”. Entre las variables tomadas en cuenta, según Vicente, están si el sector es lo suficientemente maduro para que pueda caminar sin la ayuda del Estado y si el nivel de rentabilidad es suficiente que no requiera del apoyo estatal. “No estamos aquí para matar a ningún sector”, destacó.
Sin embargo, el ministro de Hacienda explicó que las leyes de incentivos son para incentivar ciertos elementos durante períodos determinados. Luego de sometida la propuesta, consideró que toda la población tiene el derecho de ir y presentar lo que entienda son sus reclamos, comentarios o lo que vea que está mal.
Garantizó que si durante el proceso surgen comentarios que deben ser atendidos porque obedecen a una lógica que quizá no fue tomada en cuenta, “nosotros somos un gobierno abierto y lo vamos a atender”. De todos modos, dijo, lo que presentó el Gobierno es la íntima convicción de lo que requiere República Dominicana.
¿Integral?
Para Vicente, el proyecto de reforma que se presenta cumple con las características de ser un proyecto de integral, ya que se están modificando muchas cosas, eliminando distorsiones, se está simplificando el Código Tributario para “ponérsela más fácil al contribuyente”, principalmente el pequeño que los procedimientos normales de cumplimiento los abruma. “Cada uno debe contribuir en función de lo que gana y esta propuesta está corrigiendo esas distorsiones”, sostuvo.
El Gobierno promete invertir los recursos en obras de infraestructura, tales como de transporte.
El funcionario explicó que, como Gobierno, no pueden dejar que la deuda siga creciendo de la forma en que ha venido sucediendo, para lo cual se ha presentado este proyecto de Ley de Modernización Tributaria.
Recordó que todos los candidatos a la Presidencia, incluso durante el debate que hubo, apoyaron una reforma fiscal, aunque entienden que los partidos de oposición deben jugar su rol. Sin embargo, dijo que desde el Gobierno esperan que sean sensatos y que estas mismas cosas que en sus gobiernos habían propugnado, afirmando que eran necesarias, ahora actúen en consecuencia.
Sostuvo que esto no es un problema del Partido Revolucionario Moderno (PRM), sino que es una situación del país. “Lo que está detrás de todo esto es el desarrollo de nuestro país”, subrayó.
Indicó que cuando el Gobierno destina recursos para el transporte no es sólo para los perremeístas, sino que es para toda la población, lo mismo cuando sucede con la salud y así con cada uno de los elementos que, asegura, serán priorizados con los recursos de la reforma.
Amnistía
Vicente informó que el Proyecto de Ley de Modernización Fiscal no contempla una amnistía fiscal, ya que se había continuado con una que había el Partido Revolucionario Moderno (PRM) asumió el Gobierno en 2020.
Recordó que el año pasado se tomaron algunas decisiones administrativas con ciertas deudas para facilitar el cumplimiento de los contribuyentes.
“El proyecto que estamos presentando no contempla ningún tipo de amnistía. Lo que sí vamos a hacer es que le vamos a caer atrás a la evasión y a la elusión. No puede ser posible. Y como lo dije en el discurso: el que evade hace un crimen en contra del Estado y en contra de todos nosotros”, sostuvo el ministro de Hacienda.
Pregunta
Durante el turno de preguntas en LA Semanal, el periódico elDinero expresó su preocupación al equipo económico del Gobierno sobre la capacidad técnica de las instituciones recaudadoras para cobrarles a todos los que tienen que pagar, partiendo de que la economía tiene una informalidad que ronda del 56%.
Entre las preguntas estuvieron: ¿Cómo lo harán y qué se hará con la informalidad para que de nuevo no surjan las quejas de que pagan los que siempre pagan?
En respuesta, Vicente garantizó que el Gobierno está concentrado en fortalecer las instituciones recaudadoras y caerle atrás a la evasión, aunque reconoció que, con la cantidad de leyes, tratamientos preferenciales que hay hacia determinados sectores y contribuyentes, se hace difícil la administración del sistema tributario.
En este orden, señaló que lo que el Gobierno pone sobre la mesa es una iniciativa para la eficientización, es decir, la intención de hacer una limpieza de todas las distorsiones para poner en capacidad a las principales instituciones recaudadoras del Estado de que puedan hacer su labor como realmente lo espera la sociedad.
Optimismo oficial
Como cierre de su presentación del Proyecto de Ley de Modernización Fiscal, el ministro de Hacienda, quien lideró en todo momento el proceso, dijo lo siguiente: “Estamos dando pasos concretos para superar los obstáculos que han frenado nuestro desarrollo. Una República Dominicana más segura, más justa, más sana y con mayor acceso a oportunidades, es una realidad posible y cercana, si todos trabajamos juntos”.
El gabinete económico del Gobierno, en lo que compete al área fiscal, estuvo completo durante la presentación. Además del presidente Luis Abinader y del ministro de Hacienda, Jochi Vicente, participaron, pero sin hablar, Pavel Isa, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD); Víctor -Ito- Bisonó, de Industria, Comercio y Mipymes (MICM); Eduardo Sanz Lovatón, director de Aduanas; Luis Valdez, de Impuestos Internos; José Rijo Presbot, director de Presupuesto; y la vicepresidente Raquel Peña.
El presidente Abinader, secundando a Vicente, dijo que este proyecto de Ley de Modernización Fiscal fue bien estudiado y que en lo respecta al sector turístico es gracias a esos mismos inversionistas dominicanos y extranjeros, que hoy tiene un nivel de desarrollo importante que se sostiene por sí solo.
Abinader dijo que esta propuesta es un acto de responsabilidad. Expresó que el Gobierno pudo haber continuado sin hacer nada o aplicar los cambios y reformas que se requieren. Admite que, aunque en principio podría tener un impacto, en el mediano y largo plazo tendrá un efecto positivo.
Aseguró que las obras se construirán van a mejorar la calidad de vida de la gente, ya que se reducirá el costo de traslado, así como el acceso a los centros de atención primaria.
“Si somos capaces de trabajar juntos y tomar las decisiones difíciles con responsabilidad, podemos ser uno de los países más desarrollados de la región en tan solo doce años”, aseguró el funcionario para motivar la iniciativa tributaria.
