Diputados bajaron de 10 a 3 años la pena por corrupción en proyecto del Código Penal

El artículo 303 aprobado en primera lectura establece: “Todo funcionario o servidor público que, prevaliéndose de su posición dentro de los órganos, entes y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico, mal utilice los bienes públicos para beneficio privado, ofrezca, prometa o realice actividad inherente a su cargo, comete la infracción de corrupción y será sancionado con dos a tres años de prisión e inhabilitación para ocupar funciones públicas por un término de cinco a diez años”.

Con dicha pena, ese ilícito entra en la categoría de las infracciones graves que contempla la pieza legislativa: infracciones leves, graves y muy graves.

Los cambios en el proyecto de legislación se dieron mientras los debates públicos se centraron en la despenalización o no del aborto en tres circunstancias: cuando la vida de la madre está en riesgo, el feto tenga malformaciones congénitas incompatibles con la vida o que el embarazo haya sido fruto de una violación o incesto.

Si esa propuesta se convierte en ley, los sometidos a la Justicia por corrupción, en caso de que se declaren culpables de los cargos mediante un acuerdo penal abreviado con el Ministerio Público o porque un tribunal determine su culpabilidad, podrían no cumplir ni un año prisión debido a que el Código Procesal Penal faculta a que los jueces puedan declarar la suspensión condicional o total de la pena cuando la condena sea inferior a los cinco años de reclusión.

En la propuesta, habría una contradicción, debido a que para el delito base, corrupción, se contempla una pena de hasta tres años, sin embargo, para otras conductas que se tipifican junto a ese delito como enriquecimiento ilícito, malver- sación de fondos, tráfico de influencias, cohecho, obtención ilegal de beneficios económicos, conflicto de intereses, la sanción va de cuatro a diez años de reclusión mayor además de una multa.

“Poner como penalidad de dos a tres años por corrupción, ¡eso es incentivar la corrupción! Y más aun cuando ni siquiera ese artículo establece como parte de la pena, la incautación de los bienes. Es decir, no solamente le bajaron la pena en un código donde se están subiendo la pena a todos los delitos, sino que tampoco es parte de la sanción poder recuperar los bienes producto de las actividades ilícitas ¡eso es totalmente insólito!”, enfatizó Castaños Guzmán.

Servio Tulio espera que la comisión de justicia reconsidere su planteamiento y antes de presentar la instancia para una aprobación en segunda lectura, se subsane esa debilidad. “Uno aspira a que eso se corrija ahora en la comisión de justicia para que cuando pase a la segunda lectura se apruebe de manera correcta”, refirió.