Tras acuerdos partidarios logrados debido a que existen disensos que obstaculizaban su aprobación, la Cámara de Diputados declaró este miércoles de urgencia y sancionó de forma favorable, en primera lectura, el proyecto de ley de Facturación Electrónica, pieza que ha sido objeto de cuestionamientos.
La declaratoria de urgencia fue aprobada con 111 votos a favor y cinco abstenciones, del informe favorable de la Comisión Permanente de Hacienda, con 106 votos a favor y ocho abstenciones y en primera lectura, obtuvo 114 “sí” y seis diputados no votaron.
Asimismo, la iniciativa volvió a ser remitida a la Comisión Permanente de Hacienda en una segunda lectura, dando cumplimiento al acuerdo entre los tres principales partidos políticos representados en la Cámara Baja, el Revolucionario Moderno (PRM), de la Liberación Dominicana (PLD) y de la Fuerza del Pueblo (FP).
Al presentar ese último procedimiento, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara Baja, dijo que la pieza fue remitida a estudio nueva vez para que esa comisión pueda rendir al pleno un nuevo informe “en el tiempo reglamentario”. De acuerdo a los reglamentos las comisiones deben presentar sus informes a un mes de haber sido apoderadas de una iniciativa.
La iniciativa, depositada por el Poder Ejecutivo el pasado 13 de septiembre de 2022, fue aprobada en el Senado el pasado 10 de enero del año en curso.
Al iniciar el conocimiento del proyecto de ley de Facturación Electrónica, el diputado de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, dijo que estaba de acuerdo con que la pieza fuera aprobada en primera lectura con el objetivo de que en una segunda lectura fuera reenviada a comisión para que se le permitiera la oportunidad de someter 21 observaciones sobre la pieza.
El congresista aclaró que, en sentido general, estaba de acuerdo con la pieza por su relevancia pero que quería que se tomaran en cuenta algunas sugerencias para evitar que las pequeñas y medianas empresas fueran afectadas con la puesta en vigencia de esa ley, de ser aprobada.
En tanto que Juan Julio Campos, vocero del bloque de diputados del PLD, dijo que él favorecía que el proyecto de ley de Facturación Electrónica fuera reenviado a comisión para profundizar su estudio.
Al respecto, Julito Fulcar, vocero del bloque del PRM, dijo que coincidía con el diputado Campos.
En vista de que el PRM no contaba con los votos necesarios para lograr la declaratoria de urgencia, según admitió Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara Baja, éste propuso ante el pleno el acuerdo partidario para que se declarara de urgencia y que en una segunda lectura fuera enviada a comisión nuevamente.
Advirtió sobre la importancia de que los acuerdos arribados sean cumplidos.
La iniciativa
El proyecto de ley de Facturación Electrónica busca regular el uso obligatorio de la factura electrónica en el país; establecer el sistema fiscal de facturación electrónica y sus características, así como los resultados de optimización y contingencias y establecer los plazos de entrada y facilidades fiscales que serían otorgadas a los contribuyentes que se acojan a ese sistema.
El informe favorable de la Comisión Permanente de Hacienda fue firmado por seis de sus 14 miembros, por lo que no logró la cantidad de firmas requeridas para su validez, que en esta ocasión debía ser de al menos ocho rubricas de los diputados miembros.
Firmaron el documento los perremeístas José Francisco (Bertico) Santana, presidente de la comisión, y César Santiago Rutinel Domínguez, Gerardo A. Concepción y Manuel Miguel Florían Terrero, la reformista Rafaela Alburquerque y el perredeísta Héctor Dario Féliz Féliz.
No estamparon su rúbrica los diputados peledeístas Félix Antonio Castillo, Jesús Martínez Alberty, Lupe Núñez Rosario y Radhamés Camacho Cuevas, perremeístas Francisco Javier Paulino, Dorina Yayaira Rodríguez Salazar y Sergio Moya de la Cruz y la integrante de la Fuerza del Pueblo, Enriqueta Rojas Javier.
Sugerencias
El diputado de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, afirmó que se hace necesario tomar en cuenta la brecha digital existente y que se debe abrir y flexibilizar el proceso de acreditación de las entidades de certificación para la firma digital.
También, en las 21 observaciones que presentará, argumenta que la pieza en algunos artículos estaría entrando en competencia con los roles de las superintendencias de Bancos y de Valores y se cuestiona si se cumpliría con el secreto bancario y de la ley de Habeas Data.
Además, cree que hay artículos que podrían en entrar en competencia con los roles del Ministerio de Industria y Comercio (MICM), del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor) y de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
