El senador del Distrito Nacional por el Partido Fuerza del Pueblo (FP), Omar Fernández, organizó un foro que llamó Diálogo Fiscal. No pudo ser más oportuno. El Gobierno ha puesto en la palestra la reforma al sistema tributario. El menú de expositores estuvo liderado por los economistas Germania Montás, Magín Díaz, Jaime Aristy Escuder, Mercedes Carrasco y el colombiano Luis Alberto Rodríguez. Entre los asistentes estuvo el expresidente Leonel Fernández.
El objetivo, según Fernández, fue abordar la propuesta de reforma fiscal con una mirada amplia, basada en el desarrollo económico y la sostenibilidad financiera de República Dominicana.
Hubo dos preguntas de inicio para Díaz: ¿Cómo afectará la reforma fiscal a las principales industrias del país, como zonas francas, turismo y manufactura y qué incentivos deben mantenerse o modificarse para asegurar la competitividad del sector privado? Y la otra es: ¿Considera usted que la reforma fiscal aborda adecuadamente la evasión fiscal en los sectores con mayores ingresos?
Lo primero, según afirma Díaz, es que en este momento no hay necesidad de hacer una reforma de choque como la que propone el Gobierno. Entiende que, por un tema de economía política, quizás, el Poder Ejecutivo quiso enviar al Congreso una propuesta que elimine todos los incentivos de golpe, “porque medidas en realidad la mayoría de estas van contra el consumo y las personas físicas en un 80%. ”.
Afirma que hay sectores a los que si se les elimina el incentivo van a desaparecer completamente, como la cadena textil y el cine, éste último si se eliminan los artículos 34 y 39 al mismo tiempo en la Ley 108-10. Respecto a Proindustria, el economista sostiene que no tiene mucho sentido porque esa legislación se diseñó viendo las mejores prácticas de lo que debe ser un incentivo. Además, indica, el Gobierno no está dejando recaudación, sino depreciación acelerada y el lo que manda el manual de situado.
Omar Fernández, senador del Distrito Nacional y organizador del Foro Diálogo Fiscal.
Respecto al turismo, considera que hay que poner sobre la mesa los desarrollos que se buscan en Pedernales, Puerto Plata y otras zonas del país una vez se eliminan los incentivos otorgados a través del Fondo Nacional de Desarrollo Turístico (Confotur). Para entenderlo, es necesario llegar a un punto intermedio. “Hay un tema de control. Claramente algunas empresas puntuales han abusado de la ley y eso hay que controlarlo. Si se aprueba tal como está habrá un impacto grande”, refiere durante su ponencia en el foro Diálogo Fiscal organizado por el senador Fernández.
Insiste en buscar un punto intermedio porque no cree que no sea el objetivo de este Gobierno, ni de ningún otro, llevarse los sectores productivos, en especial a la industria. Entiende que hay tiempo para pensarlo mejor.
Sobre si considera que la reforma fiscal aborda adecuadamente el tema de la evasión fiscal en los sectores con mayores ingresos, Díaz, quien dirige también la Escuela de Economía de la Pontificia Unidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), afirma que el Gobierno debe hacer un ejercicio de humildad “y que un economista diga eso es mucho”.
Lo dice porque no hay evidencia de que haya habido una gran lucha contra la evasión en los últimos cuatro años, lo cual está sustentado en los datos disponibles a la fecha. Afirma que las recaudaciones están estancadas respecto a 2019 y lo que ha habido son recaudaciones extraordinarias.
Está entre quienes entienden que se quiso desmeritar la lucha contra la evasión y el fraude que se hizo el Gobierno anterior, razón por la que ahora la sociedad está pagando un precio, por lo cual, además, la sociedad se enfrenta a una reforma que tendrá que ser más grande porque no ha habido avances.
A su entender, cuando se ve la oposición a una reforma fiscal que claramente se necesita, también hay que hacer un ejercicio de humildad por el lado del gasto, ya que no es cierto que ha mejorado la calidad. Lo afirma porque no se le puede decir a la población que ha habido ahorros, mientras los gastos van subiendo. Refiere lo que sucede con el sector eléctrico.
Díaz explica que las medidas tributarias que se anuncian en la propuesta de reforma son el día a día de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y que, incluso, fueron implementadas por Juan Hernández y Germania Montás hace 10 o 15 años. “Creo que va a ser un reto. No me queda claro si esta administración está preparada para manejar una reforma que, considero, tiene puntos buenos, pero que tiene muchos errores de diseño.
Se confiesa fanático de la generalización del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS), lo cual vivió cuando fue director de Impuestos Internos. Entiende que es poco eficiente que por beneficiario a los pobres se exonera a todo el mundo. Es de opinión de que eso es poco eficiente.
Afirma que el Gobierno debe tener cuidado porque República Dominicana no está frente a una crisis, razón por lo que no es necesario hacer una reforma de choque o con la magnitud de la presentación.
Teme que la reforma presentada aumente la evasión porque se están ajustando impuestos que no deberían aumentarse, como el de los alcoholes. Afirma que es un mal argumento decir que la reforma debe tocar a todo el mundo. “Hay sectores sobrecargados”, indica.
No respalda la colocación de nuevos impuestos selectivos como el de las bebidas azucaradas cuando no hay un control de los demás y la evasión supera el 40%. Tampoco es saludable aumentar el impuesto a los intereses de 10% a 27%, pues está hecho sobre el esquema dual del impuesto sobre la renta.
De aprobarse tal cual se plantea, República Dominicana estaría yéndose hacia esquemas de países desarrollados, que suman todos los ingresos, pero también permitirían numerosas deducciones, lo cual no sucede aquí. “Tengo duda de la implementación de esta reforma si se aprueba tal como está. Creo que la evasión podría aumentar, pero tampoco veo que se esté simplificando el sistema tributario”, sostiene Díaz.
Sin embargo, el economista afirma que no se puede tener una visión pesimista, ya que República Dominicana ha avanzado muchísimo y que la evidencia, si se hacen reformas sensatas, como antes, son positivas.
Jaime Aristy Escuder considera que la propuesta de reforma fiscal presentada por el Gobierno, en lo que compite al impuesto a la propiedad inmobiliaria (IPI), representa un reto para la clase media.
Entiende que el incremento en la base está llevando una tasa de cero hasta 0.5 puntos efectivo a un grupo de contribuyentes que no estaba pagando. Puso de ejemplo que una persona que tenga un patrimonio de RD$25 millones, el incremento será de 0.2 puntos porcentuales. Explica que un impuesto que debería ser totalmente progresivo, en este caso no.
Recomienda al Gobierno que la reducción del IPI no sea tan significativa y que se concentre principalmente en la actualización del valor del inmueble de las viviendas millonarias, pues a ese segmento no les va a afectar.
“Lo otro que hay que tomar en cuenta es que ese 1% de tasa haya que bajarlo. En otros países, si lo vemos, podemos tener un par de tasas, que podrían ser un 0,5% o un 0,25%, dependiendo. A mí no me gustan muchas las tasas, pues mucha variedad de tasas genera ineficiencia, fugas, distorsión. Prefiero tener pocas tasas en el sistema tributario. Es lo que, por lo general, promueve más la eficiencia”, explicó.
En este caso, sugiere que no debería bajar de RD$9.8 millones a RD$5.0 millones, sino que pudiera ser a RD$7.0 millones, bajando la tasa y enfocándose en la actualización de la tabla de valores de los inmuebles. De esta forma, sostiene, pagarán más los que tienen mayores posibilidades.
Industria del cine
Entre los asistentes hubo uno que se destacó. El Tesorero de la Asociación Dominicana de Profesionales de Cine (Adocine), Omar de la Cruz, quien expresó su preocupación por los efectos que tendría la propuesta fiscal en esa industria.
Al participar en el foro Diálogo Fiscal, organizado por el senador Omar Fernández, cuestionó cómo es posible que de un momento a otro ese sector, que había sido destacado por sus bondades, ahora pase a ser como si fuera el enemigo público número uno.
Recordó que haya millas de estudiantes en diversas unidades que están pagando su carrera con la esperanza de desarrollarse en el área. “Pagamos muchísimos impuestos y de la noche a la mañana nosotros somos los malos de la película”, indicó De la Cruz.
Rechazó que ese sector sea evasor de impuestos y, por ende, delincuente, sino que son dominicanos que apuestan por impulsar el desarrollo de una industria que genera valor agregado a la economía del país.
En respuesta, el economista Magín Díaz refirió que es necesario entender cómo funciona la industria del cine a nivel mundial. Sostiene que la única forma de que vayan las películas a un mercado es a través de incentivos fiscales. “Es un mercado que funciona así”, indicó.
Refirió que el último dato disponible es que hay 110 países que dan algún tipo de incentivos a la industria del cine. En sentido, destacó que “le sorprendió la propuesta tan radical”. Señaló que el artículo 39 es para las películas extranjeras, lo que significa que, si se quita el artículo, entonces el estudio que se hizo por Juan Dolio no tendrá razón de existir. Afirma que los países compiten en base a incentivos.
Respecto al artículo 34 de la Ley de Cine, que permite deducir el 100% del valor real invertido del impuesto sobre la renta (ISR) a su carga, correspondiente al período gravable en que se realiza la inversión, siempre ha sido controversial y entiende que sí, que ha habido empresas que han abusado. Entiende que quizás haya que ponerle un tope anual o hacer algo que impida los posibles excesos.
Uno de los argumentos es que al hacer películas en República Dominicana se va creando la experticia para que lleguen los grandes estudios y productores internacionales. A su entender, en la propuesta de reforma hay medidas que aparentemente no se pensaron muy bien.
Díaz considera que el artículo 39 funciona correctamente. Dice que no le gusta el argumento de que pagan más impuestos, sino que el real retorno para el país es que cuando llega una película extranjera lo que hace es promocionar a República Dominicana. “No tiene precio lo que se logra”, destacó.
Entiende que el Gobierno, en su momento, se sentará a conversar sobre este tema, ya que el objetivo no es destruir una industria. En todo caso, dice, en este momento no es necesario hacer una reforma de choque, aunque considera que sí se necesita, al tiempo de especificar que el monto que se busca con esta reforma tampoco es suficiente. Sostiene que con el artículo 34 ha habido algunas travesuras, por lo que se debe buscar es un tipo de tope.
Germania Montás
La economista Germania Montás, de su lado, considera que un elemento que es un hilo conductor de la reforma es atribuir el abuso de alguna ley causa suficiente para su eliminación. Afirma que esa actitud es “demasiado simplista”.
Se inscribe entre quienes entienden que no debería sacrificarse la equidad, la promoción de la inversión y todo lo demás por la simplicidad, aunque admite que es un factor que debe tomarse en cuenta, ya que la gestión de la legislación, al ser más simple, se hace mucho más sencillo.
Sin embargo, sostiene que lo único que no debería buscar es la búsqueda de la simplicidad. En el caso del cine, coincide con Magín Díaz en lo que corresponde al artículo 39 y “creo que hay muchas mejoras que se pueden hacer al resto de los incentivos y que se puede lograr un equilibrio entre simplicidad y la promoción de la inversión”.
Casos y cosas
Para al economista colombiano, Luis Alberto Rodríguez, que ha estudiado el caso dominicano, señala que las recaudaciones tributarias respecto al producto interno bruto (PIB) rondan el 14%, lo cual está lejos del promedio de América Latina que anda por el 20%.
Aunque admite que hay un problema de gasto eficiente en el país, hacer reformas fiscales implica un ejercicio más sensato. Sin embargo, considera que es necesario para que el Gobierno disponga de los recursos necesarios, pero sin afectar o impactar de manera negativa a los sectores productivos.
La economista Mercedes Carrasco se centró en observar la irresponsabilidad mostrada por las actuales autoridades en cuanto al endeudamiento, destacando que la gestión de Luis Abinader ha tomado más de US$24,000 millones, pero sin un plan aparente.
A su entender, las autoridades no han sido lo suficientemente transparentes en el manejo de la deuda pública y el destino que se le ha dado a los recursos en áreas no específicas.
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