El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, presentó ayer en la tarde formal querella ante la Fiscalía y la Procuraduría General de la República contra la encargada del Centro de Retención Vehicular el Coco (Canódromo), Ysabelita de los Santos Pérez y varios subalternos, acusados de agresión física.
El hecho ocurrió cuando Ulloa, junto a personal de la institución, trató de penetrar al lugar para verificar las condiciones de abandono en que se encuentran miles de vehículos ocupados por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), a raíz de quejas de ciudadanos, de que no cuidan los vehículos retenidos, lo entregan en malas condiciones o piden dinero a cambio.
En tanto, el director de la DIGESETT, general de la Policía, Ramón Guzmán Peralta, dispuso la destitución de la coronela De los Santos Pérez y, en su lugar, designó al teniente coronel Hipólito Rijo Santana.
En un comunicado, Ulloa condena la agresión de la que fue víctima junto al personal de la institución que lo acompañaba, así como periodistas de diferentes medios de comunicación.
Explicó que acudieron al lugar en virtud del artículo 3 de la ley No. 19-01 y que fueron agredidos, pese a que se identificaron como autoridad competente a tales fines, de acuerdo a lo establecido en la Constitución.
Según el comunicado, los agentes de la DIGESETT que prestaban servicios en el Canódromo rompieron las cámaras de fotografías y vídeos y celulares a periodistas de diferentes medios, entre ellos, periódico Listín Diario y CDN.
También agredieron físicamente al secretario general del Defensor del Pueblo, Harold Modesto. El Defensor del Pueblo y su personal fueron al lugar debidamente uniformados.
La ley establece que el Defensor del Pueblo o sus adjuntos podrán inspeccionar las oficinas públicas y aquellas entidades prestadoras de servicios públicos, sin previo aviso.
