Esta es la segunda reunión que se produce entre las autoridades y el
Defensor del Pueblo tras solicitudes de investigaciones sobre el manejo y retenciones irregulares de vehículos en el Canódromo.
Entre los acuerdos preliminares, el Ministerio de Interior y Policía, el Defensor del Pueblo, Policía Nacional, Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), y la Contraloría General de la República, acordaron examinar los estatus jurídicos de todos los vehículos para realizar una entrega expedita a los ciudadanos que demuestren la documentación que exige la ley.
En una próxima reunión, los órganos administrativos estarán designando distintos grupos de trabajo para cada centro de retención con la finalidad de apoyar a la
Contraloría General de la República en el levantamiento general de los vehículos y su condición.
En el encuentro participaron Jesús Vásquez Martínez, ministro de Interior y Policía, Pablo Ulloa, defensor del pueblo, Luis Valdez, director de Impuestos Internos, Mayor General Eduardo Alberto Then, director general de la Policía Nacional, Rafael Arias, director del INTRANT, Ramón Antonio Guzmán Peralta, director de la DIGESETT, y Catalino Correa, contralor general de la República.
