En un comunicado el organismo hizo hincapié en la importancia de que los procedimientos de contratación sean llevados conforme al debido proceso administrativo vigente, particularmente, en atención al perjuicio que causa a las administraciones centrales y locales el no apegarse al cumplimiento de la Ley. Pide determinar con certeza las especificaciones técnicas y los criterios de evaluación en los pliegos de condiciones, pues ello constituye la base de todo procedimiento de contratación.
La institución concluyó que el cabildo municipal de San Pedro de Macorís incumplió el debido proceso administrativo, por tanto, la “consecuencia jurídica que se deriva de las irregularidades graves constatadas en el pliego de condiciones específicas es la nulidad de pleno derecho, por la imposibilidad de realizar una evaluación imparcial y objetiva”.
En los documentos publicados en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas se indica que la adjudicación se realizó el pasado 3 de febrero, y fue RJC Clear SRL la única oferente de un proceso de licitación pública declarado de urgencia por el alcalde Ortiz Díaz. La empresa presentó una oferta de RD$4.9 millones.
El pliego de condiciones para participar en la licitación indica que el oferente o proponente deberá acreditar una experiencia mínima acumulada de cinco años en la ejecución de servicios similares al objeto del procedimiento o en el tratamiento, manejo o disposición final de residuos sólidos urbanos. Sin embargo, en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi), RJC Clear está registrada desde el 27 de julio de 2020.
A finales de febrero pasado, la DGCP anuló por razones similares el procedimiento de excepción realizado por el Ayuntamiento Municipal de Boca Chica para la contratación de servicios de recolección de residuos sólidos, en el que resultó adjudicada la empresa Key West Corporation, S.R.L.
Detalles de la compañía
RJC Clear presentó a Charly José Canó Soriano, tío del pelotero y entrenador de béisbol, en calidad de gerente para actuar en nombre y representación de la empresa.
La compañía está registrada como proveedora del Estado desde el 8 de septiembre de 2020, con domicilio en la calle Consuelo 11, en el municipio Consuelo, San Pedro de Macorís.
