El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, restó importancia a la búsqueda de diálogo y consenso del presidente de la República, Luis Abinader, con la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI).
En un escrito en X (anteriormente Twitter), Martínez le recordó al presidente Abinader que el diálogo y el consenso se buscan antes de aprobar las leyes, no después de aprobarlas y promulgarlas, por lo que ahora solo resta eliminarla.
Martínez dijo que la Ley 1-24 es inconstitucional y antidemocrática, además de que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) fue que la redactó, la aprobó y la prmulgó.
Indicó que el PRM debe enmendar su error, sometiendo un proyecto del ley que la derogue, en momentos en que el Gobierno, la Sociedad Dominicana de Diarios y la sociedad civil buscan un consenso para socializar los artículos controversiales de la referida pieza.
El pasado lunes, el presidente Luis Abinader se mostró abierto a una posible modificación de la cuestionada Ley 1-24 que reestructura el sistema nacional de inteligencia y que, según varios sectores, vulnera derechos fundamentales como la libertad de presa.
“Si hay que modificarlo se va a modificar”, dijo Abinader en La Semanal, la rueda de prensa que ofrece los lunes.
De acuerdo con el mandatario, había cuatro proyectos sobre el tema, tres de ellos presentados por la oposición, y que al fusionarse resultó en el que fue aprobado a finales de diciembre en el Congreso Nacional y que el promulgó este mes.
El Ejecutivo asegura que la Ley 1-24, que regula el Sistema Nacional de Inteligencia y convierte el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) en la Dirección Nacional de Inteligencia, es un “paso importante en nuestra lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, las ciberamenazas y la corrupción”.
Sin embargo, entidades como el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y la Sociedad Dominicana de Diarios (SDDD) afirman que la nueva ley vulnera derechos fundamentales establecidos en la Constitución dominicana, como el que, aseguran, faculta a la DNI a llevar a cabo la recolección de informaciones que figuren asentadas en las bases de datos de las entidades públicas y privadas.
Además, acceder de manera automatizada a las que se produzcan mediante el uso de las tecnologías y de los servicios de telecomunicaciones.
El Tribunal Constitucional ha sido apoderado de varios recursos que procuran que declara inconstitucional dicha ley.
