En el expediente del caso Coral el Ministerio Público menciona más de una decena de personas que, supuestamente, tuvieron participación en el entramado corrupto liderado por el mayor general Adán Cáceres y que podrían ser el blanco de la segunda etapa de procesados ante los tribunales.
Entre los mencionados en la acusación figuran generales activos y retirados de la Policía Nacional y de los órganos castrenses, que pese a que no se han presentado cargos en su contra, están bajo investigación del Ministerio Público, según declaraciones emitidas por las autoridades del órgano acusador del Estado.
En la primera etapa fueron sometidos el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre; la asimilada policial Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la citada imputada; el coronel policial Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón Jiménez y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
Feliz Alburquerque Comprés:
Vicealmirante retirado y exdirector de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Según el expediente, este formaba parte de la coalición de funcionarios para sustraer fondos públicos a través de los cuerpos especializados de seguridad.
La vinculación de Alburquerque Comprés con este entramado tiene que ver con la mención de un recibo de depósito en el Banco de Reservas, por el cual la Asociación Campesina recibió el pago por valor de RD$525,000 de la (DNCD), a pesar de que la fundación no estaba registrada como proveedora del Estado.
Además, la investigación reveló que en los sistemas de la DNCD “no existen registros de pago alguno a la Asociación Campesina Madre Tierra”.
La Fundación Madre Tierra es señalada por el órgano persecutor como uno de los “centros de colocación de cientos de millones de pesos” como resultado de operaciones ilícitas.
“Lo que evidencia de forma clara la coalición de funcionarios entre el imputado Adán Benoni Cáceres Silvestre y el vicealmirante Feliz Alburquerque Comprés (…) para desfalcar el Estado dominicano mediante el desvío de fondos Públicos, a la cuenta de la empresa disfrazada de asociación, la Asociación Campesina Madre Tierra”, indica el documento del Ministerio Público.
Juan Carlos Torres Robiou:
General de brigada y exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), entidad señalada por la Pepca como una de las instituciones usadas para estafar al Estado a través del nombramiento de militares y policías con sueldos abultados, que luego debían retribuirle al entramado entre el 70% y 80% del salario.
El documento señala que Robiou le alquiló un inmueble ubicado en El Portillo, playa Las Terrenas, en Samaná, al imputado Raúl Alejandro Girón, por el que paga mensualmente US$3,000. Esa situación le pareció “en extremo sospechosa” al Ministerio Público.
“El referido inmueble se encuentra bajo la posesión del general de brigada, piloto de la FARD Juan Carlos Torre Robiou, quien es el director del Cestur y superior jerárquico del imputado Raúl Alejandro Girón, a título de alquiler, pagando un monto mensual de tres mil dólares estadounidenses (US$3,000.00), situación en extremo sospechosa, toda vez que no hace sentido lógico, alquilar un inmueble por un monto cuantioso y usarlo esporádicamente”, señala el expediente.
Luis Alberto Coronado Abreu:
General de brigada del Ejército y director general de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es señalado por la Pepca como una de las personas que realizaron depósitos a favor de la compañía Único Real State e inversiones, una de las principales empresas del entramado.
Neyvi Pérez:
De acuerdo al expediente, en un interrogatorio practicado a Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien supuestamente era el encargado de recolectar el dinero de un personal que cobraba en el Cestur, este admitió que del dinero recaudado en febrero de 2021 le entregó una parte al exsubdirector general de la Policía Nacional, Neyvi Pérez.
Según explica el documento, en febrero del 2021 Raúl Alejandro Girón Jiménez obtuvo RD$1,271,100 como parte del entramado y se distribuyó de la siguiente manera: “al mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre le entregaron RD$234,000; al exsubjefe de la Policía Nacional, Neyvi Pérez, le dieron RD$100,000; a Rafael Núñez de Aza, en las siguientes partidas les entregaron en una RD$308,600.00; en otra, RD$101,000; una de RD$58,000; otra de RD$79,500.También la suma de RD$20,000 y una última de RD$199,000”.
Boanerges Reyes Batista:
General de brigada y exdirector del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro (Cesmet). En un documento depositado por la pastora Rossy Guzmán, llamado “Declaraciones y Descargos sobre Acuerdo de Ejecución de Obra”, se establece que el general es uno de los propietarios “reales” de los diez solares ubicados en el Residencial Colinas del Oeste, con un valor aproximado de RD$40 millones. Esto parte del entramado para lavar activos.
Al ser interrogada por el órgano persecutor la pastora declaró que la empresa Único Real Estate e Inversiones adquiría los inmuebles de forma directa “para facilitar todos los trámites de permisos de edificación, subdivisión rendición y para lo que es la situación laboral del proyecto”. Además, dijo que “existe un contrato verbal donde se establece, claramente, que esos inmuebles son de Elvis Feliz Pérez, Franklin Mata Flores, Adán Cáceres, Boanerges Reyes Batista”, añadió Guzmán.
Elvis Marcelino Feliz Pérez:
Mayor general de la Fuerza Aérea Dominicana (FARD) y exviceministro de Defensa para Asuntos Aéreos y Espaciales durante la segunda gestión del expresidente Medina. Junto a Boanerges, Feliz Pérez es señalado por el Ministerio Público como uno de los propietarios “reales” de los diez solares en Colinas del Oeste y captor de dinero procedente de la venta de inmuebles producto de “actividades ilícitas”.
Dentro de las pruebas documentales, la Pepca resalta un Acto Notarial sobre Declaraciones y Descargo Sobre Acuerdo de Ejecución de Obra con la que “demostrarán que los imputados intentaron dar apariencia de legalidad al traspaso de los inmuebles ubicados en el proyecto inmobiliario de cuatro casas de lujo con zonas de recreación común, ubicadas en la Urbanización Colinas del Oeste”.
Eric Daniel Pereyra Núñez:
Es un cabo de la Policía Nacional adscrito al Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep). Eric Daniel Pereyra Núñez también es sobrino del imputado coronel Rafael Núñez de Aza.
La Pepca lo señala como una persona que “colaboraba constantemente en la movilización de fondos para la orden del teniente coronel Rafael Núñez de Aza”. “Se acostumbraba a librar cheques a su nombre y entregar dinero en efectivo que posteriormente era depositado en las cuentas de las empresas y personas físicas del entramado Asociación Campesina Madre Tierra, Único Real State e Inversiones SRL”, se menciona en el expediente con respecto a la participación de Pereyra Núñez.
De acuerdo con el órgano persecutor, se verifican depósitos por montos de RD$ 3,782.000.00 realizados por Pereyra Núñez a las empresas. Además de ser empleado de la compañía Randa Internacional Company EIRL, este servía al Cusep donde su tío era administrador financiero.
Está prófugo y en su contra hay una orden de arresto del 15 de abril de 2021.
Vicente Girón Jiménez:
Primer teniente de la Fuerza Aérea Dominicana. Estaba adscrito al Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), donde Adán Cáceres era la cabeza. Este militar también es hermano del “testigo de la corona”, Alejandro Girón Jimenez, quien ofreció información y pruebas de cómo funcionaba el entramado, tras llegar a un acuerdo con el Ministerio Público a cambio de protección para él y su familia.
Cristian Serrano:
Miembro de la Policía Nacional y señalado por el Ministerio Público como empleado de Randa Internacional Company EIRL, una de las compañías del entramado utilizadas para lavar dinero defraudado del Estado.
Franklin Antonio Mata Flores:
Miembro de la Armada de la República Dominicana. En el 2016 fue director general de dragas, presas y balizamiento de la Armada. Según el expediente es uno de los supuestos beneficiarios de los bienes del lavado de activo que se hacían a través de la Fundación Madre Tierra.
Epifanio Peña Lebrón:
General de brigada del Ejército Dominicano, actualmente pensionado. Según el expediente es uno de los supuestos testaferros de la red. Ya que posee un inmueble relacionado a actividades de lavado de activos en conjunto con la Fundación Madre Tierra.
Jaro Ramiro Hernández Restituyo:
Miembro de la Policía Nacional. Está dentro del grupo que depositó dinero a la cuenta bancaria número 5500028126, en la cual se manejó una suma de RD$122,707,674.89. Esos fondos eran de la empresa Único Real State e Inversiones SRL, de acuerdo al documento de solicitud de medida de coerción en contra de los imputados en Operación Coral.
Andrés Alcántara Lebrón:
Coronel contador de la Fuerza Aérea Dominicana. Auditor general de las Fuerzas Armadas. Está señalado como uno de lo que depositó RD$3 millones a la cuenta número 5500028126, de Madre Tierra.
Jacobo Horacio de la Cruz Duarte:
Miembro de la Armada de República Dominicana (ARD). El 4 de mayo fue interrogado por la Procuraduría General de la República, no fue detenido. Según las autoridades, lo investigan como parte de un grupo que se prestaba para lavar dinero del entramado. En su contra hay una orden judicial de autorización de información financiera del 18 de abril, con el objetivo de rastrear movimientos ilícitos de dineros.
Nota. No fue posible encontrar la fotografía de algunos de los mencionados.
