En los últimos meses las autoridades han desmantelados al menos tres red, cuyos integrantes están siendo procesados por corrupción contra el Estado dominicano.
La más reciente tiene que ver con una supuesta estafa millonaria contra la Lotería Nacional, principalmente en el sorteo del pasado día 1 de mayo en la noche, el cuál era conducido por la presentadora Valentina Rosario, quien es una de las principales acusadas.
El personal no vidente que estaba a cargo de la extracción de los bolos agraciados lo integraban Miguel Mejía, de la Organización Dominicana de Ciegos; Faustino Ramírez Miliano, del Instituto Proayuda al ciego y Alexandra Marmolejos, de la Organización Dominicana de Ciegos.
El fraude se produjo justo al momento de conocer la quiniela ganadora en el primer globo (globo A). Uno de los miembros del personal no vidente introdujo su mano derecha y simuló que había extraído el bolo agraciado cubriendo con sus guantes blancos su presencia, sin embargo, era Rosario quien previamente lo sostenía con sus dedos meñique y anular, y posteriormente lo mostraba en cámara.
Anterior a este hecho, la Procuraduría especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), realizó el pasado 24 de abril 27 allanamientos simultáneos, a los que denominó “Operación Coral” en los cuales apresó a seis personas, incluyendo a la pastora Rossy Guzmán, que dirige la iglesia Templo Shalom, y a quien las autoridades acusan de fungir como testaferra en la presunta red, que dirigía el jefe de seguridad del presidente Danilo Medina, Adán Cáceres, la cual manejó unos tres mil millones, según consta en la acusación.
Algunos de sus seguidores la definen como un “Dios”, por las acciones que desarrollaba en la comunidad donde se encontraba la iglesia, específicamente en el sector de Cristo Rey. Entre sus obras sociales estaban la distribución de alimentos y hasta celebraciones en su finca, donde invitaba a sus feligreses.
Tanto ella, cómo Cáceres guardan prisión, junto a otras cuatro personas, a espera de que el próximo lunes se les conozcan medidas de coerción en su contra.
En sus acciones para detener la corrupción la Pepca también realizó la denominada Operación Antipulpo, donde fueron apresadas unas 10 personas, incluyendo los hermanos del expresidente Danilo Medina, Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez.
Magaly, de 59 años y quien se desempeñaba como exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), es acusada por el ministerio público de aprovechar su cargo para favorecer a las empresas de su hermano Alexis.
La institución, que ya fue eliminada por el presidente Luis Abinader, comprendía la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y el Consejo Estatal del Azúcar, entre otras.
De acuerdo a investigaciones de la periodista Nuria Piera, el Fonper utilizaba recursos para fines políticos, en especial en la provincia de Santiago. Según la investigación realizada, el dinero era distribuido entre los legisladores, alcaldes, dirigentes políticos, periodistas y militantes del partido y hasta presuntamente allegados del director.
Asimismo, la periodista resalta en su emisión del 8 de agosto que la exfuncionaria devengaba un salario RD$326,400 y su sobrina que se desempañaba como sub directora del Fonper, Chayli Massiel Rosado Medina, cobraba RD$131,460 pesos mensuales. Mientras que su esposo y cuñado del expresidente Medina, Luis Ernesto de León Núñez, devengaba cerca de RD$1 millón como Administrador de Edeeste.
La hermana menor del expresidente Medina ejerció como vicepresidenta administrativa del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) hasta el pasado 16 de agosto (de acuerdo a datos consultados en la plataforma del Ministerio de Administración Pública), cuando culminó el gobierno de su hermano.
Asimismo, en adición a sus funciones, Carmen Medina era la presidenta del Comité de Compras y Contrataciones de la Institución, según el Ministerio Público.
El pasado 9 de diciembre, el entonces juez Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, decidió imponerle prisión domiciliaria por los cargos que se le imputan.
Al dar sus consideraciones sobre el caso, le dijo a la hermana del expresidente Danilo Medina, que su costumbre no era enviar mujeres a la cárcel, porque al sacar una mujer de su casa se ponen en juego muchas cosas.
“Se lo advierto en base a eso para que usted sepa que el juez no la va a mandar a prisión preventiva, tomando en consideración el tratamiento. Para yo mandar una mujer a la cárcel analizo mucho las infracciones, porque es difícil que una mujer se fugue, porque los sentimientos las ata siempre a la familia”, dijo para entonces José Alejandro Vargas.