La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, afirmó que la contraloría General de la República sí está facultada para realizar investigaciones sobre posibles desviaciones en el uso e inversión de los recursos públicos, tal como recomendó el presidente de la República, Luis Abinader.
La afirmación de Ortiz Bosch surge luego de los cuestionamientos que se han presentado, sobre la legalidad de las auditorías que realice la Contraloría General de la República a la gestión del expresidente Danilo Medina.
Ortiz Bosch definió como institucionalmente pertinente y legalmente correcta la recomendación del mandatario para que los departamentos de su administración puedan realizar auditorías a través de la Contraloría.
Mediante un comunicado citó el numeral 7 del artículo 14 de la ley 10-07 que instituye al Sistema Nacional de Control Interno (Sinaci) y a la Contraloría “para realizar investigaciones administrativas sobre desviaciones en el uso e inversión de los recursos públicos, detectadas en uso de su atribución evaluadora o a solicitud del Poder Ejecutivo o de las entidades y organismos públicos bajo el ámbito de aplicación de esta ley”, sostuvo.
Explicó que el reglamento de aplicación de dicha ley, dictado por el presidente Leonel Fernández, en el año 2007, también le otorga poder a la Contraloría para realizar auditorías a solicitud de las instituciones públicas interesadas.
Además, dijo que el artículo 9 sobre control interno y transparencia dispone que “para la adecuada aplicación del Sinaci los auditores comisionados por la Contraloría para efectuar evaluaciones, investigaciones o auditorías internas y los auditores internos, ante la respectiva entidad u organismo, tendrán acceso irrestricto a todos los reportes y las consultas previstos en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (Sigef), establecido en la Ley 05-07, y a los sistemas conexos del Sigef.
Ortíz Bosch indicó que el reglamento señala que: “Las entidades y los organismos bajo el ámbito de la Ley, no podrán interponer, ante la Contraloría y sus unidades de auditoría interna, reservas ni limitaciones a la transparencia que no hayan sido expresamente establecidas por ley”, agregó el comunicado.
Dijo que el presidente Abinader ha sido consistente en afirmar que utilizara todas las atribuciones que establecen las leyes y la Constitución de la República para garantizar un régimen de trasparencia y estricto control en la administración de los bienes públicos.
Por tal razón, el mandatario sugirió recurrir a la Contraloría para reforzar el control de fiscalización que ejerce la Cámara de Cuentas.
“No se trata de anular a un poder del Estado, sino de complementar su labor como órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado, como lo dispone la Constitución de la República”, concluyó.
