El gobierno, en lugar de actuar, ha sido cómplice de esta crisis. Su indiferencia es inaceptable: en vez de implementar estrategias para fortalecer el sector, ha optado por mantener un modelo económico excluyente, en el que solo sobreviven los poderosos. Los microempresarios, quienes deberían ser el motor del crecimiento nacional, están siendo empujados a la informalidad o, peor aún, a la quiebra.
Solo el 14.8% de las MIPYMES en el país están formalizadas, lo que significa que la gran mayoría opera en la informalidad, atrapadas en un sistema que las asfixia con deudas y les impide acceder a cualquier tipo de ayuda gubernamental. Más de 380,000 negocios pertenecen a microempresas, representando el 94.2% del sector. Sin embargo, mientras las grandes empresas disfrutan de tasas preferenciales y condiciones favorables, los pequeños emprendedores enfrentan una carga fiscal abrumadora y la ausencia total de programas de apoyo efectivos.
A pesar de la importante contribución de las MIPYMES al desarrollo económico y social del país, la administración actual sigue sin ofrecer soluciones concretas. Es imprescindible un cambio radical en las políticas públicas: incentivos fiscales reales, acceso inmediato a créditos blandos y programas de capacitación efectivos. Si el gobierno continúa ignorando al sector que más empleos genera, estará condenando a miles de emprendedores a la quiebra y poniendo en riesgo el futuro económico del país.
El discurso oficial presume de una economía en crecimiento, con un aumento del PIB del 4.5% en 2023 y del 5% en 2024, pero estas cifras resultan una burla para los miles de pequeños empresarios que luchan día a día por sobrevivir en un país donde el Estado los ignora. Mientras las élites empresariales disfrutan de beneficios fiscales y financiamientos multimillonarios, las MIPYMES se ven obligadas a operar en condiciones de precariedad.
Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) han sido, durante décadas, el motor del crecimiento económico y la principal fuente de generación de empleos en la República Dominicana. Representan el 90% del tejido empresarial y aportan el 40% del Producto Interno Bruto (PIB), además de proporcionar ingresos esenciales a millones de dominicanos. Sin embargo, en los últimos años, este sector vital ha sido abandonado por un gobierno que favorece a las grandes corporaciones mientras asfixia a los pequeños emprendedores con trabas burocráticas, cargas fiscales desproporcionadas y una indiferencia absoluta.
Las MIPYMES representan el sacrificio, la esperanza y el esfuerzo de miles de dominicanos. Sin embargo, el Estado las ha ignorado, condenándolas a una lucha desigual en un sistema que solo beneficia a los de siempre. Ya no basta con exigir cambios; es momento de señalar con nombre y apellido a los responsables de este abandono y demandar respuestas inmediatas. La economía del país no pertenece solo a los grandes capitales, sino a todos, y el gobierno tiene la obligación de protegerla.
Por: Yerfin Santana
Lic. Administracion de Empresas
