El ex director del Instituto Postal Dominicano (IMPOSDOM), Adán Peguero, exigió este lunes al Ministerio Público y a la doctora Milagros Ortiz Bosch, directora de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, explicarle al país cuales han sido los resultados de las investigaciones que se realizaron en su contra relativas a su vinculación en presuntos actos irregulares cometidos en su gestión en IMPOSDOM.
El también presidente del Partico Revolucionario Moderno (PRM) en Santo Domingo Este expresó que hace la petición en vista de que ese silencio de ambos organismos afecta de manera directa a su familia y a su carrera política y profesional.
El dirigente político lamentó el tratamiento recibido hasta el momento y dijo no merecer el trato que le están dando desde esas dos instancias responsables de pronunciarse en torno a los resultados de la referida investigación.
“El Ministerio Público y la doctora Milagros Ortíz Bosch deben explicarle al país cual ha sido el resultado de la investigación en mi contra. Esto está afectando a mi familia y mi carrera. Creo que no merezco el trato que me están dando”, colgó en su cuenta de X Twitter el ex funcionario.
Acusación
La acusación a Adán Peguero surgió a raíz de una investigación de la periodista Nuria Piera en N Investiga, que establece que en la corta gestión de apenas un año y ocho meses de Peguero, supuestamente, se han firmado contratos con la empresa Mía Cargo al margen de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones.
La situación del contrato con la empresa atribuida al argentino Diego Vestillero y los cubanos Jesús Solé Martínez y Jesús Solé Llerena, también es investigado de oficio por la Dirección General de Ética Gubernamental y Dirección de Compras y Contrataciones Públicas.
A raíz de este reportaje, Adán Peguero fue destituido por el presidente de la República, Luis Abinader, y desde entonces no ha vuelto a la administración pública.
Más casos
En octubre del 2021, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, depositó una querella penal contra el ingeniero Peguero en razón de que se le había requerido en múltiples ocasiones para que remitiera los informes de la situación de varios exempleados del Inposdom que fueron cancelados sin pagarles sus prestaciones laborales.
El sometimiento se efectuó por violar las disposiciones del artículo 27 de la Ley número 19-01 que crea el Defensor del Pueblo, por negarse a colaborar con éste y no suministrarle la documentación e informes requeridos, indica un comunicado de esa institución.
En abril de este año, los exempleados del Inposdom demandaron por más de RD$2 millones a esa institución por los supuestos despidos irregulares y violación del debido proceso.