El Salvador, Guatemala y Nicaragua son los países centroamericanos que aplican las leyes más estrictas a las organizaciones no gubernamentales (ONG), según una investigación del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam).
Los tres países, gobernados por Nayib Bukele (El Salvador), Alejandro Giammattei (Guatemala) y Daniel Ortega (Nicaragua) “han trabajado para socavar el sistema” y controlar los demás poderes del Estado -en especial el Poder Judicial-, “permitiéndoles crear leyes antidemocráticas” para neutralizar a las ONG, explicó la Cetcam.
“Una de las maneras en las que este tipo de acciones se han manifestado es que son los países de la región con las leyes más estrictas en contra de las organizaciones de la sociedad civil (OSC)”, concluyó el estudio, denominado “Nuevos autoritarismos, derecho de asociación y organizaciones sociales en Centroamérica”.
El contenido de esas leyes es similar en esos tres países, “pues todas consisten en la combinación de restricciones financieras, monitoreo de los beneficiarios y donantes, obstáculos en el registro de las organizaciones, lenguaje ambiguo y la criminalización de las OSC y sus miembros, al igual que el poder de clausurar cualquiera de estas a voluntad”, puntualizó.
“Esto no es una casualidad, sino un síntoma del autoritarismo”, valoró la Cetcam, un centro de pensamiento integrado por investigadores centroamericanos de distintas disciplinas, con sede en Costa Rica.
El caso más emblemático, alertó la Cetcam, es el de Nicaragua, en donde más de 3.000 ONG han sido disueltas en los últimos cinco años y en la mayoría de los casos sus bienes han sido decomisados.
Costa Rica, y Honduras en menor medida, las excepciones.
En Honduras, según el estudio, la situación es menos crítica debido al “limitado” poder político de la presidenta Xiomara Castro.
“Similarmente, aunque existen leyes que regulan las OSC más estrictamente que en Costa Rica, la ley del país es mucho menos invasiva que las de El Salvador, Guatemala y Nicaragua y al parecer no es una ambición de la actual presidenta (Castro) cambiar esto”, anotó el estudio.
Las ONG, de acuerdo con todos los índices de democracia, donde se encuentran actualmente “seguras” es en Costa Rica, de acuerdo con el informe.
“Esto significa que existe una independencia entre el Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo, el cual permite limitar el poder el uno del otro”, destacó la Cetcam.
“En Costa Rica se presume que las organizaciones de la sociedad civil pueden operar por lo general sin complicaciones gubernamentales, y efectivamente no existe ninguna ley o proyecto que atente contra las libertades de las OSC”, continuó.
El estudio advirtió, sin embargo, que “el ingreso de un presidente con ambiciones y tendencias autoritarias puede manipular los procesos democráticos poco a poco hasta llegar a convertirse en una dictadura personal o partidaria”.
Por eso, ese organismo recomendó “estar alerta al discurso y retóricas de los presidentes y candidatos presidenciales, pues estos revelan muchas veces sus actitudes y tratar de prevenir el colapso de la democracia”.
En conclusión, la instrumentalización del aparato judicial y la adopción de leyes restrictivas son factores comunes que amenazan el derecho de asociación y el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil en Centroamérica, según la Cetcam, que abogó por que los gobiernos respeten y protejan “este derecho fundamental para garantizar una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos”.
