El Bloque de Diputados del Partido de la Liberación Dominicana responsabilizó a las presentes autoridades del gobierno del progresivo deterioro y colapso en la calidad de los servicios que demandan la ciudadanía del gobierno central.
Durante una rueda de prensa realizada en la sede parlamentaria de la organización, los legisladores del PLD hicieron mención de la involución en la calidad y eficiencia que registran entidades públicas llamadas a prestar servicios, como los centros CAID, los CAIPI, atención de emergencias 9-1-1, seguridad ciudadana, la tarjeta Supérate, las distribuidoras de electricidad, medicamentos de alto costo, emisión de pasaportes, el sistema de salud, educación, control de precios, asistencia técnica al sector agropecuario, entre otros.
LLAMADO AL DEFENSOR DEL PUEBLO
Hicieron un llamado al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa para que en el ejercicio de las facultades que le confieren la constitución y su ley, asuma el rol de defensor del derecho fundamental a la buena administración que tienen todos los ciudadanos y que se han visto seriamente afectados con el deterioro de servicios públicos.
Indicaron que ese ese deterioro de servicios también se ve reflejado en el desacato de sentencias del Tribunal Constitucional, lo que ha llevado a su presidente a denunciar públicamente dichos desacatos y reclamar al Poder Ejecutivo el cumplimiento de la misma.
“Luego de varios meses de innumerables denuncias sobre cancelaciones masivas de técnicos calificados en el metro, y pese a la advertencia de ex empleados sobre la posibilidad de la ocurrencia de un accidente en ese medio de transporte, este hecho ocurrió y todo indica que las autoridades no tomaron las medidas para prevenir que esto ocurriera”, externaron en una declaración conjunta los diputados del PLD.
Agregaron que, junto al peligro por la designación de manos no calificadas, se suman denuncias de retrasos en la frecuencia de llegada de los vagones, escaleras eléctricas y ascensores fuera de servicio, aires acondicionados sin funcionar en algunas estaciones y baños deteriorados e insalubres.
La muerte de 34 recién nacidos en el mes de febrero en la maternidad San Lorenzo de Los Mina, el incremento de casos de dengue, las recurrentes jornadas de protestas de los médicos, y la falta de medicamentos de alto costo, son muestras de la realidad que registra el sector salud, que en varias demarcaciones no cuenta con infraestructuras físicas en buenas condiciones para prestar atenciones a la población.
Sobre el Sistema de Atención a Emergencias 9-1-1, indicaron que es un servicio del cual ya la población no se siente identificada por la tardanza en la llegada de las ambulancias y el personal de asistencia, así como no inclusión de nuevas demarcaciones al programa.
El deterioro del servicio de energía eléctrica se pone de manifiesto con la ineficiencia en la gerencia de las empresas distribuidoras de electricidad que acumulan pérdidas eléctricas de 780 millones de dólares en los últimos tres años, falta de inversión, deficiencia en la cobranza, junto a otros males como incremento de factura.
“Ahora que la población paga una electricidad más cara y no recibe el servicio, vemos como de manera burlona, el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, llama a la población a consumir menos energía, eso es un abuso de parte de las autoridades y muestra de su incapacidad” manifestaron los congresistas del PLD, al tiempo de expresar que el deterioro de estos servicios revelan que la gente no es prioridad para este gobierno.
Agregaron que junto a los días y noches sin energía eléctrica, se suma el estado de inseguridad, violencia y delincuencia que arropa al país, males que mantienen a la gente prácticamente encerrados en sus casas.
El inicio del nuevo año escolar se ha visto empañado por una serie de dificultades, como la falta de aulas y cupos para estudiantes, planteles en malas condiciones, libros de textos con errores, distribución de alimentos de mala calidad y reclamos de maestros que han aprobado los concursos de oposición docentes para llenar vacantes.
La oposición legislativa afirmó que al gobierno se le ha ido de las manos la posibilidad de garantizar alimentos con precios estables a la población y todos los planes dirigidos a abaratar los precios de los alimentos han fracasado, algunos han desaparecido y otros no han podido arrancar.
“Por ejemplo, los proyectos Siembra RD, fomento de la agricultura familiar, A Comer del Campo al Colmado, se han quedado en planes y las iniciativas como los combos de INESPRE en los supermercados ya han desaparecido, las importaciones de productos a tasa cero no impactaron en los precios y es lamentable que cada día, la gente consuma menos alimentos por los altos precios que registran” indicaron.
Lo que ocurre con las tarjetas Supérate y la emisión de pasaportes, es un reflejo de clara negación de servicios a los ciudadanos, acciones que requieren de un empoderamiento de social a los fines de que sean corregidos cuanto antes.
CONSECUENCIAS LEGALES
El Bloque de Diputados del PLD advirtió que el deterioro en los servicios públicos viola numerosas leyes que ordenan el derecho a la buena administración, y establecen responsabilidad patrimonial, personal e institucional para el funcionario que incurra esta acción antijurídica.
En se sentido, señalaron leyes como la 01-12 que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo, la 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, la 247-12 de Administración Pública, los artículos 138, 142 y 147 de la Constitución de la República y varios acuerdos internacionales de los cuales el país es signatario.
Esas legislaciones son garantes de la prestación de servicios públicos con eficiencia, eficacia, equidad, justicia, objetividad e imparcialidad, y otorgan al ciudadano el derecho de someter acciones de amparo, demandas administrativas en responsabilidad patrimonial, tanto de los titulares como a la institución, y en materia disciplinaria pueden someter a los funcionarios donde se evidencia que no protegen el derecho a la buena administración.
Sobre esa realidad, el Bloque de Diputados del PLD abre las puertas a la ciudadanía para el acompañamiento a los ciudadanos que quieran hacer valer sus derechos por las vías jurisdiccionales correspondientes y también anunció que inician un amplio proceso de fiscalización para encaminar demandas contra los funcionarios e instituciones que violan derechos fundamentales de los ciudadanos con el deterioro de los servicios públicos.
