El dirigente de la Fuerza del Pueblo, Nicolás Calderón estimó que por la gravedad de la denuncia del expresidente Dr. Leonel Fernández en cuanto a que el gobierno utiliza los recursos del estado para la compra de conciencias y voluntades de algunos líderes de la oposición.
Calderón expresó que es urgente que la sociedad preste la máxima atención al caso, y haga un análisis retrospectivo de la situación, que no debe quedarse como una simple denuncia.
“La sociedad y el país deben manifestar su repudio a la compra de conciencias y voluntades, en base al criterio de que no importa el monto a invertir, porque los fondos son del Estado”, refirió el titular de la secretaría de Finanzas del partido verde.
Añadió que en la realidad las cosas están mucho más graves que lo denunciado por Leonel Fernández, porque el país está carente de todo, hasta lo más básico, como es la salud, alimentación, energía eléctrica, agua potable, educación, y como denunciara en estos días la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).
Calderón cuestionó que si esta situación de precariedad es el futuro que el PRM aspira dejar a las nuevas generaciones, porque hasta el papel de sanitario está escaso en las escuelas públicas, hospitales e instituciones públicas.
“Mientras esto ocurre, el gobierno gasta gran parte de los recursos públicos de los impuestos, para “convencer” alcaldes y dirigentes de los partidos opositores”, refirió.
Calderón explicó que se utilizan los fondos del erario para comprar a dirigentes de la oposición, y también son usados para pagar campañas de descrédito y protestas contra dirigentes de la oposición, al mejor estilo del foro público trujillista, hoy versión Partido Moderno.
El dirigente de la Fuerza del Pueblo sostuvo que ante el descaro, de una campaña desenfrenada con el pretendido amedrentamiento de la oposición, teniendo como base la inversión de cuantiosos recursos públicos, es mandatorio que esta denuncia sea investigada a profundidad por la Junta Central Electoral (JCE).
Agregó que para frenar el ejercicio abusivo del poder político, sustentado en el uso indebido de los fondos públicos, porque la política no todo se debe validar ni permitido.
