La exsenadora de la provincia Santo Domingo, Cristina Lizardo, defendió este lunes la inocencia de su hermano, Simón Lizardo, otrora administrador del Banco de Reservas durante la gestión del presidente Danilo Medina en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y que es señalado por el Ministerio Público como miembro de una red de estafa y desfalco al Estado que operaba desde el Ministerio de Hacienda.
La excongresista aseguró que «No está de acuerdo con que se dañe la moral de nadie» por lo que esperará los resultados de la investigación que lleva a cabo la Procuraduría Especializada Contra la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la decisión de la justicia dominicana en cualquiera que sea el caso.
Se recuerda que Simón Lizardo, exadministrador del Banreservas es señalado como uno de los mimebros de la presunta red de corrupción que lideraba el exministro de Hacienda, Donal Guerrero, según lo que establece la investigación preliminar del Ministerio Público.
Hasta ahora la PEPCA señala de manera preliminar a los presuntos miembros de la red como responsables de cometer los delitos de asociación de malechores, falsificación, estafa contra el Estado, sobornos, coalición de funcionarios, corrupción administrativa y lavado de activos.
Cristina enfatizó que no está de acuerdo en que se dañe la moral de nadie y espera que la justicia actúe de acuerdo a lo establecido.
Se recuerda que, el Ministerio Público indica que el exministro creó una red de corrupción con la que buscaba sustraer al menos diecinueve mil seiscientos cincuenta y tres millones ochocientos setenta y un mil quinientos trece pesos con ochenta centavos (RD$19,653,871,513.80) «Por concepto de acuerdos transaccionales».
No obstante la información financiera presentada por la PEPCA, a raíz de la investigación realizada en septiembre de 2021 por la Contraloría General de la República, indica que la estructura de corrupción habría logrado sustraer fondos del erario ascendentes a diecisiete mil trescientos millones seiscientos cuarenta y dos mil cincuenta y un pesos con 80 centavos (RD$17,300,642,051.07) por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas, así como, la simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de de deudas administrativas.
