La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) manifestó su preocupación por la aprobación en sus condiciones actuales del proyecto de Ley de Extinción de Dominio, así como el procedimiento legislativo que se está siguiendo para lograrlo.
“La redacción actual de diversas disposiciones del proyecto de Ley de Extinción de Dominio es incompatible con nuestra Constitución y genera una alta preocupación en el empresariado joven.
Basta con ver aspectos como la falta de seguridad sobre la propiedad de los bienes, los requisitos para considerar que un adquiriente goza de “buena fe” y la retroactividad que dispondría esta legislación”, explicó Luis Manuel Pellerano, presidente de la entidad empresarial.
Los jóvenes empresarios reiteraron que, si bien una ley de este tipo sería beneficiosa para fortalecer el régimen de consecuencias de las actividades ilícitas en el país y por esto apoyan la creación de la figura de la extinción de dominio, la falta de ciertas garantías procesales y sustantivas en este proyecto pudiera producir inseguridad jurídica.
“Los jóvenes empresarios reiteramos nuestro compromiso con una ley de extinción de dominio, pero la misma debe contar con un sistema de garantías que promuevan la seguridad jurídica y el debido proceso, asegurando los derechos constitucionales de todos los ciudadanos, fomentando así la institucionalidad y el clima de negocios”, afirmó Pellerano.
Además, agregó que “vemos también con preocupación el procedimiento que está siendo utilizado para la aprobación de este proyecto de ley, que se está conociendo como una ley ordinaria; sin embargo, debido a que es una ley que versa sobre derechos fundamentales, debe ser conocida y aprobada como una ley orgánica”.
El pasado jueves, el Senado de la República aprobó en segunda lectura, como ley ordinaria, el proyecto de Ley de Extinción de Dominio con una votación en la que la oposición y el oficialismo lo hicieron en bloques separados.
Veinte senadores del oficialista Partido Revolucionario Moderno, y en contra lo hicieron los siete senadores opositores y uno del oficialismo para totalizar ocho votos.
La Ley de Extinción de Dominio busca que el Estado pueda apropiarse de bienes cuyo origen lícito no sea demostrado y con aplicación a acciones del pasado.
Previo a su aprobación, las discusiones giraron en torno a que por tratarse de asuntos relacionados a derechos fundamentales, la misma debía ser declarada como ley orgánica.
