A raíz del decreto 63-22 que declara de interés nacional la regularización de las bancas de loterías que operan en el país, la Federación Nacional de Bancas de Lotería (Fenabanca) consideró hoy que la decisión marca el inicio al cumplimiento del pacto arribado con el presidente Luis Abinader.
A pesar de que el decreto ha sido acogido como positivo por los banqueros y que en el párrafo seis dispone la creación de un consejo rector, Fenabanca externó algunas advertencias al Gobierno, con el propósito de que no cometan los mismo errores de gestiones pasadas en el proceso de legalización de bancas de lotería.
La federación aconsejó al Poder Ejecutivo que primero se deben crear las garantías jurídicas sobre el derecho adquirido y disponer de un régimen de consecuencias para los infractores de los juegos de azar, antes de dar inicio al proceso de legalización a este sector.
«Nada que no se sustente en las leyes y las normativas debería ser asumido por el sector y más con la mala imagen que goza el mismo. Sin esas garantías no tendría sentido legalizarse porque el Estado, en vez de ser un garante, seguiría siendo el verdugo», puntualizó el gremio, tras observar además, la resolución 061-2022 del Ministerio de Hacienda que otorga un plazo de 120 días a las bancas de lotería que operan en el margen de la ley para regularizar sus permisos.
La entidad reiteró que, de no tomar en consideración este planteamiento, sucedería igual que en procesos anteriores, llevados a cabo mediante la Ley 139-11, en que se regularizaron las bancas de loterías, pero no se aplicaba un régimen de consecuencias a los que violan dicha legislación.
«La Ley 139-11 buscaba aumentar los ingresos tributarios destinando mayores recursos a la educación; solo le agregaron unos cuantos párrafos de relleno referente al sector de bancas y que no contenían consecuencias para los que quebrantaran la normativa», recordó Fenabanca.
Se recuerda que la semana pasada Fenabanca había solicitado a la Procuraduría General de la República y al Ministerio de Hacienda clausurar las bancas que funcionan sin los permisos correspondientes, perseguir a los vendedores ambulantes y hacer cumplir la Ley 139 -11, entre otras disposiciones.
