Dentro de las operaciones ilícitas que realizaban los miembros de la presunta red desmantelada por las autoridades durante la Operación Falcón está el lavado de dinero a través de estaciones de combustibles, a las cuales les pagaban ventas futuras de carburantes por sumas millonarias en dólares, de acuerdo al Ministerio Público.
El órgano acusador del Estado presentó este martes 350 pruebas que, alegadamente, demuestran el lavado de activos, el narcotráfico y otras actividades reñidas con la ley en que afirmó incurrieron los imputados en la supuesta red, para los cuales pide 18 meses de prisión y que el caso sea declarado complejo.
Conforme a la acusación del Ministerio Público, varios de los encartados de formar parte de la alegada red “figuran como administradores de estas estaciones” y otros negocios del señalado como cabeza del grupo criminal.
Según el expediente presentado, Erick Randhiel Mosquea, cabecilla del grupo y quien está prófugo, “pagaba sumas millonarias por la venta futura de combustibles a las empresas distribuidoras”.
