El procurador adjunto Wilson Camacho señaló que el Ministerio Público está listo para conocer en audiencia pública la coerción del Caso Medusa, si el tribunal decide su transmisión por los canales oficiales del Poder Judicial, como llegó a pedir el imputado Jean Alain Rodríguez.
“Nosotros con ese particular (la transmisión de los casos) hemos mantenido una posición coherente con cada uno de los casos: conocemos los casos en la forma en la que decida el tribunal”, dijo el titular de la Procuraduría Especializada en la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), al hablar con la prensa al término del conocimiento de una audiencia del Caso Pulpo.
“Si el tribunal decide que el caso (Medusa) se transmita, nosotros estamos listos para conocer el caso con transmisión; si el tribunal decide que el caso no se transmita, nosotros también estamos listos para conocer el caso sin transmisión”, dijo Camacho.
Al ser cuestionado sobre la decisión del exprocurador Rodríguez de poner sus redes sociales en manos de su defensa técnica, además de crear una cuenta en la red social Twitter, el titular de la Pepca recordó que el Ministerio Público respeta el derecho de los imputados de apoyarse, a través de sus abogados, en los medios de comunicación para exponer sus argumentos.
“Con relación a la creación de cuentas, ni en este caso, ni en ninguno de los otros, sean cuenta de Twitter o sea visitas a los programas (radiales y televisados), o sea mediante el pago de comunicados”, dijo.
“Respetamos el derecho que tienen los imputados de llevar sus casos a los medios; nosotros vamos a los tribunales a pelear por ellos (por los casos)”, enfatizó.
Camacho recordó que el Ministerio Público se reserva los detalles de las indagatorias que realiza respecto al caso, ya que se trata de una investigación abierta y que sus resultados se verán conforme avance el proceso en los tribunales. “Seguimos trabajando”, acotó.
El Ministerio Público presentó más de 5,800 páginas de pruebas para el caso en el que, además del exprocurador Rodríguez, figuran como imputados Miguel José Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Stefano Canó Sacco, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jonnathan Josel Rodríguez Imbert, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado.
Según la acusación del Ministerio Público, los imputados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
